El grupo que seguirá guardando prisión en centros penitenciarios de la región sur del país, presuntamente formaba parte de una poderosa red dedicada a esa actividad criminal, que fue desmantelada durante un operativo simultáneo en La Romana y San Juan. #RCNoticias
El Ministerio Público logró que fuera rechazada la variación de la medida de coerción de prisión preventiva impuesta el pasado año a cuatro personas que presuntamente se dedicaban a la trata de personas con fines de explotación sexual en establecimientos de las provincias San Juan y La Romana, que fueron incautados y clausurados provisionalmente por las autoridades y rescatadas 49 dominicanas, venezolanas y haitianas víctimas de esa actividad ilegal.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Juan rechazó la petición de los abogados de la defensa de los imputados Maribel García Herrera y su esposo Ángel Emilio Puello (Papiro), Ángela del Carmen García (Angely) y Lourdes Anadelia Hernández Hernández, quienes solicitaron que fuera variada la medida de coerción de prisión preventiva que le fue impuesta por una garantía económica de RD$50 mil a través de una compañía aseguradora, impedimento de salida del país y presentación periódica.
Ante la decisión del tribunal, las imputadas Maribel García Herrera, Ángela del Carmen García y Lourdes Anadelia Hernández Hernández deberán seguir cumpliendo la medida de coerción de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Baní Mujeres, en la provincia Peravia, y Ángel Emilio Puello en la cárcel pública de San Juan.
Por su vinculación a esa actividad ilícita también son procesados y guardan prisión preventiva los encartados María Martínez Morel (Mary y/o La Rubia), en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Anamuya de Higüey, provincia La Altagracia, y Alex José Feliciano en el CCR Cucama de La Romana.
El MP informó que la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas en el proceso judicial contra el grupo ofrece asistencia a las fiscalías de San Juan y La Romana, quienes presentaron acusación en ambas jurisdicciones contra todos los imputados por la presunta violación de los artículos 3, 6 y 7 inciso A, C y D de la Ley No. 137-03 sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
