Santo Domingo.- La Coalición Democrática por la Regeneración Nacional y otras organizaciones sociales se apostaron la tarde de este lunes en la Plaza de la Bandera, donde denunciaron que el Gobierno utiliza las cifras de contagiados y fallecidos por Coronavirus para sembrar pánico en la población, y así provocar un alto nivel de abstención electoral.
A través de un comunicado, los ciudadanos expresaron además, varias recomendaciones a la Junta Central Electoral (JCE), para garantizar que el proceso sea transparente y se proteja la salud de los dominicanos que acudan a sufragar ante la pandemia del Covid-19.
En el lugar estuvieron presentes los Periodistas Altagracia Salazar, y Juan Bolívar Díaz, además de la exvicepresidenta de la República, Milagros Ortiz Bosch y la expresidenta de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), María Teresa Cabrera.
Por su parte, Milagros Ortiz indicó que “ella tiene 83 años y no tiene pánico, que va a votar para fortalecer la democracia, como una forma de motivar a la población a no quedarse en sus casas y salir a sufragar”.
A continuación el documento íntegro:
Señoras y señores:
Hemos llegado hasta esta simbólica Plaza de la Bandera por varias razones. La primera es expresar solidaridad con el derecho que ejercieron ayer domingo un grupo de ciudadanas y ciudadanos, de venir hasta el frente de la Junta Central Electoral a reclamar garantías democráticas para las elecciones del próximo 5 de julio. Queremos dejar constancia de nuestro absoluto rechazo de las coerciones y maltratos de que fueron objeto.
En segundo lugar, porque nosotros, la Coalición Democrática por la Regeneración Nacional tiene pendiente una serie de solicitudes a la JCE para que adopte las más amplias previsiones para que ningún ciudadano sienta que pone en riesgo su salud acudiendo a las urnas electorales.
Eso es más importante porque aparentemente hay sectores empeñados en infundir temor al contagio del coronavirus como mecanismo para reducir o impedir el libre ejercicio del sagrado derecho democrático de elegir y ser elegido.
Hemos demandado de la JCE:
• Extender el horario de votación y que este sea de 7 de la mañana a 7 de la tarde.
• Crear una franja de horario al comienzo de la jornada, para las personas mayores de 65 años, señaladas como las más vulnerables ante el virus, incluyendo a familiares.
• Crear una franja de horario al comienzo de la jornada, para las personas mayores de 65 años, señaladas como las más vulnerables ante el virus, incluyendo a familiares
acompañantes. Sin que implique que no puedan votar en cualquier otra hora.
• Desinfección de los locales de los colegios de votación.
• Someter a los operarios de los colegios y a los delegados políticos a pruebas de temperatura.
• Dotar en las filas de mascarillas y guantes a los electores que no los lleven.
• Eliminación del entintado de dedo, para no propiciar contactos que se buscan evitar con los recomendados guantes de protección.
• Permitir que los electores puedan llevar su propio marcador de la boleta, para ahorrarle, al que así lo quiera, tocar el colectivo.
• Prohibir la concentración de activistas políticos y vendedores ambulantes en los accesos a los centros de votación.
Además de la ampliación del protocolo para garantizar la salubridad esperamos que la JCE incremente considerablemente la campaña para promover la votación y evitar la compra y venta de votos, para lo cual se podría emitir duplicados hasta el mismo 5 de julio y también mayores esfuerzos por hacer cumplir las normativas electorales a fin de revestir el proceso de la libertad, equidad, transparencia y objetividad que le encomiendan los artículos 211 y 212 de la Constitución de la República.
No hay explicación para que la JCE no establezca disposiciones como la franja horario para votación de un millón 800 mil electores mayores de 65 años, cuando eso lo hacen hasta los supermercados, desde que comenzó la pandemia en el país.
Tampoco logramos entender por qué razón la JCE, como garante constitucional de elecciones libres, equitativas, transparentes y objetivas ha guardado silencio ante el atropello antidemocrático de mantener secuestrados derechos políticos elementales como el de reunión, manifestación y circulación aún a diez días de concluir la campaña para unas elecciones presidenciales y congresuales. Eso no tiene precedente en la historia de la democracia contemporánea.
Está a la vista de todos que lo que se pretende es mantener acorraladas las expresiones de disgusto de la ciudadanía con el gobierno y su partido, en perjuicio de muchos candidatos y candidatas que no tienen suficientes recursos para competir con los que usufructúan enormes fortunas, muchas de dudosa procedencia.
Hemos sostenido que nuestro sistema político vive un momento crucial con un proceso electoral cuyos resultados serán vitales para que tengamos un poder ejecutivo y un Congreso con los niveles de legitimidad necesarios para la gobemabilidad y la recuperación económica, social y moral de la nación.
Lo peor que pudiera ocurrirnos es que se elija un gobierno con baja participación, al que los perdedores negaran suficiente legitimidad para emprender las grandes ejecutorias que serán necesarias para superar la crisis económica y social de dimensiones sin precedente, que nos dejará el coronavirus.
Con tan dramáticos problemas económicos y sociales, el país necesita de autoridades al frente del Estado que sean fruto de unas elecciones con alto grado de legitimidad, no solo debidamente organizadas y en un marco de libre y equitativa competencia, sino también por la participación masiva de la ciudadanía.
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Hemos sostenido que nuestro sistema político vive un momento crucial con un proceso electoral cuyos resultados serán vitales para que tengamos un poder ejecutivo y un Congreso con los niveles de legitimidad necesarios para la gobemabilidad y la recuperación económica, social y moral de la nación.
Lo peor que pudiera ocurrirnos es que se elija un gobierno con baja participación, al que los perdedores negaran suficiente legitimidad para emprender las grandes ejecutorias que serán necesarias para superar la crisis económica y social de dimensiones sin precedente, que nos dejará el coronavirus.
Con tan dramáticos problemas económicos y sociales, el país necesita de autoridades al frente del Estado que sean fruto de unas elecciones con alto grado de legitimidad, no solo debidamente organizadas y en un marco de libre y equitativa competencia, sino también por la participación masiva de la ciudadanía.
La gobernabilidad de un país depende en gran medida de la capacidad del sistema de promover una amplia participación ciudadana en los procesos electorales y de que esto ocurra son responsables todos los actores del sistema político y particularmente los regentes del sistema electoral.
Urgimos pues a la JCE a adoptar mayores previsiones para garantizar el derecho a voto de todos. Y aprovechamos para pedir a toda a ciudadanía que no se deje intimidar y se prepare a acudir a la urnas para elegir un gobierno que emprenda la regeneración de la sociedad dominicana,. Para superar la corrupción, la descomposición, la impunidad y la inseguridad, para crear un nuevo modelo de desarrollo y un mejor aprovechamiento de nuestros recursos. Y para producir una reforma política que fortalezca las instituciones democráticas y haga realidad la separación definitiva de los poderes del Estado, reivindicando las funciones fiscalizadoras del Congreso Nacional y la majestad de la justicia.
