Santo Domingo.- Al menos siete familias que viven dentro de los terrenos adquiridos por el Ministerio Público estuvieron a punto de ser demolidas ayer cuando obreros del Ministerio de Obras Públicas se dispusieron a derribar sus viviendas para dar paso a la construcción de la Fiscalía de Santo Domingo Este.
Según narraron los residentes, los propietarios de los inmuebles no notificaron la venta a los inquilinos, sin embargo, continuaban cobrando la renta.
En tanto, la joven Brenda Santana, quien reside en la vecindad, narró que ayer se llevó la sorpresa de que miembros de la Policía y el Ejército Nacional se presentaron al lugar indicando que tenían que desalojar el inmueble, ya que el mismo había sido vendido y sería derribado.
De acuerdo con la joven Santana, un personal del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), aseguró que el propietario de la edificación les había informado que ya los inquilinos habían desalojado la vivienda, por lo que procedieron a derribarla.
Agregaron que tras varios minutos de diálogo, la institución les dio un plazo de 10 días a cuatro familias para desocupar el inmueble, mientras que las otras tres familias tienen sólo tres días para mudarse.
Es por esto que, los inquilinos exigen un plazo mínimo de tres meses para mudarse, más la devolución de los depósitos, cuyos recursos el propietario se niega a entregar bajo el alegato de que fueron consumidos.
