El dirigente sindical Clemente Morillo Uribe, secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores de las Minas, la Metalurgia, la Química, la Energía, la Industria Diversa y Afines (FUTRAMETAL), consideró este martes, que las medidas tomadas por el Gobierno, excluye a una gran parte de los trabajadores, dejándolos en desprotección total.
Morillo Uribe reitera que la resolución 007/2020, dictada por el Ministerio de Trabajo el18 de marzo, se limita a hacer un llamado a las empresas para que adelanten el pago de las vacaciones a los trabajadores que tuvieren derecho para eso, y que se avance una semana de vacaciones a los que no hayan acumulado el tiempo suficiente así como pagar una semana de salario adicional, pero se trata de algo que acatarán los empleadores que lo deseen, ya que no se establece ninguna obligación legal al respecto.
El dirigente sostuvo que el presidente Danilo Medina en su Decreto 143-20 dejo fuera a una gran cantidad de empresas, que no podrán entrar al FONDO DE ASISTENCIA SOLIDARIA A EMPLEADOS (FASE), algunas de estas empresas, tampoco podrán trabajar y otras estarán trabajando con limitaciones producto del COVID-19 y por efecto domino estos empleados están hoy en desprotección total, ya que el decreto antes mencionado es discriminatorio, consideró.
El dirigente, continua diciendo que por esa posición ambigua de la autoridades, algunos empresarios se han aprovechado de esa debilidad y falta de control preciso, algunos empleadores han dado “rienda suelta a su mala fe y acción inhumana, dejando así a una gran cantidad de trabajadores en total abandono, los han mandado a sus casas, en algunos casos sin entregarles ni la carta de suspensión, solo diciéndoles que están suspendido por 60 y 90 días en franca violación al Código de Trabajo en su artículo 51, sobre todo cuando se trata de empresas que pueden seguir laborando sin problemas en base al tele trabajo o trabajo a distancia”, deploró.
Morillo Uribe aseguró que el Ministerio de Trabajo no tiene facultad alguna para suspender contratos a menos que la empresa se lo solicite, por lo que consideró que el Medina es el único con esas facultades, que mediante decreto puede establecer la obligatoriedad de esos sectores a garantizarles los salarios a sus trabajadores por los próximos tres meses, ya que así como se necesita proteger al sector productivo del descenso en los servicios que presta, igualmente debe protegerse a la parte más débil que son los trabajadores, partiendo de la igualdad de derecho, aseveró.
Por otro lado, el dirigente saludó las decisiones de un grupo de empresarios o de fundaciones empresariales que han donado apreciables sumas de dinero para combatir el COVID19, sin embargo, criticó que algunos de esos empleadores no continuarán pagando el salario a sus trabajadores, y otros se han acogido al programa FASE, el cual incita a los empleadores a solicitar la suspensión de los contratos de trabajo de sus empleados sin muchas veces necesitarlo.