El Tribunal Superior Administrativo fijó para el día 12 de febrero el conocimiento de la acción de amparo preventivo de extrema urgencia que interpusieron los importadores de vehículos contra la medida que cobraría anticipadamente el impuesto a la primera placa.
Los jueces de la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo autorizaron a los accionantes a citar a los señores Magín Díaz y Enrique Ramírez Paniagua, directores generales de la DGII y DGA, respectivamente.
ORIGEN DEL RECLAMO
Las asociaciones que agrupan la totalidad de las empresas que se dedican a la importación y venta de vehículos nuevos y usados, ACOFAVE, ANADIVE, ASOCIVU y ADECI, advirtieron a las autoridades, desde finales del pasado 2019, que la aplicación del cobro del impuesto a la primera placa anticipadamente, impactaría negativamente a todo el sector y al pueblo dominicano, pues como consecuencia lógica, el precio de venta al consumidor final aumentaría, ya que el impuesto a la primera placa se deberá incorporar al costo liquidado del vehículo importado, y se producirá una reducción del inventario de las empresas, reflejando un menor volumen de importaciones y reducción de las ventas, lo que a su vez disminuirá “drásticamente” los ingresos fiscales al Gobierno dominicano.
Asimismo, las asociaciones representantes de los importadores de vehículos, manifestaron por escrito, tanto al Congreso Nacional como a las instituciones del Gobierno, que esa medida obligaría al pago de un impuesto por adelantado por un bien que está en exhibición para la venta, además de que la DGA y la DGII no tienen la capacidad para manejar el volumen de transacciones de los importadores de vehículos en los plazos establecidos por la ley, lo que generaría un aumento significativo del pago en portuaria por dilación del almacenamiento y despacho en los puertos.
LA ACCIÓN DE AMPARO PREVENTIVO
El pasado 20 de enero, ASOCIVU y ADECI, en representación de más de 2000 Dealers del sector de importación y venta de vehículos, depositaron una acción de amparo preventivo de extrema urgencia, con fines de tutelar sus derechos, solicitando al Tribunal Superior Administrativo que ordene a la DGA y la DGII la suspensión inmediata de cualquier acción, acto, inicio ejecución, procedimiento administrativo o actuación administrativa tendente al cobro del 17% del valor Cif por impuesto a la primera placa a ejecutarse en los puertos y muelles a todos los vehículos importados.