Un empresario inmobiliario de Jarabacoa denunció este miércoles la supuesta existencia de una mafia en la Jurisdicción Inmobiliaria de La Vega, que según éste, ha intentado despojarlo de 41 propiedades, por lo que pidió la intervención del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina.
Eduardo Lorenzo Collado Báez dijo que en esa red mafiosa hay varios funcionarios del Poder Judicial que abarcan Registradores de Títulos, Alguaciles, abogados, Notarios Públicos, jueces y fiscales que han actuado en componenda con la red mafiosa, para que con un acto falso sus propiedades hayan sido afectadas.
Dijo que su proceso lleva seis años sin resolverse y sus propiedades siguen obstruida sin poder echar hacia adelante sus proyectos.
Sostuvo que en el país existen leyes preciosas pero que no se cumplen y que los primeros que las violan son algunos funcionarios, porque cuando son designados en una función se creen que tiene un feudo. “La mayoría de esos funcionarios se creen dioses”.
Dijo que su caso cae como anillo al dedo al presidente de la Suprema Corte de Justicia, cuando en su discurso el día del Poder Judicial habló de transparencia y de limpiar el Poder Judicial.
“Yo tengo todos mis documentos que sustentan la denuncia de la composición de la red mafiosa que ha intentado despojarme de mis propiedades”.
Explicó que su proceso empezó cuando un señor le notificó un pagaré notarial de una inexistente deuda de 476 mil dólares y que a partir de ahí empezó el viacrucis que a la fecha no ha sido resuelto por los tribunales.
Explica que a sus propiedades les fueron inscritas hipotecas inmobiliarias con un expediente que nunca fue recibido, sin cumplir con los requerimientos de las leyes inmobiliarias (Código Civil, Ley de Notario y la Constitución de la República).
Precisa que la Registradora de Títulos en La Vega en ese momento, en una franca violación al Reglamento General de Registro de Títulos, y a la Ley 108-05, de Registro Inmobiliario de forma abusiva y atropellante consintió un expediente que debió ser denunciado a sus superiores por ser un expediente completamente viciado.
Indica que fruto de la situación ha tenido que impulsar procesos civiles, penales e inmobiliarios pero que la falta de seguridad jurídica en el país lo tiene en una situación de que todos sus proyectos inmobiliarios estén paralizados.
Indicó que en la jurisdicción inmobiliaria del Poder Judicial están inscritos unos gravámenes e hipotecas en 41 inmuebles sin ningún soporte jurídico o ninguno de los requisitos que exigen la jurisdicción inmobiliaria para la inscripción de ese expediente.