Según el movimiento Marcha Verde, el comunicador Marino Zapete “ha sido nuevamente agredido desde la alta jerarquía gubernamental, por medio del procurador Jean Alain Rodríguez y su hermana Maybeth Rodríguez; de quien, el periodista presentó documentos oficiales que demuestran su vinculación irregular a contratos grado a grado otorgados por el exministro de Obras Públicas y Comunicaciones, ahora candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, valorados en unos 14 millones de dólares”, manifestaron.
También denunciaron que Marino ha denunciado diversos tipos de acoso que incluyen: presiones directas a Teleradio América, ya consumado el propósito de sacarlo de esa estación; intimidaciones a sus actuales empleadores; amenazas veladas e instrumentación de una infundada acusación de difamación con la que pretenden condenarlo a seis meses de prisión y exigirle una compensación de 5 millones de pesos. Mantienen un abanico de acciones inaceptables con la intención de acorralarlo y silenciar su voz.
Marcha Verde expresa su determinación de contribuir a derrotar la patraña, que se suma a la ofensiva oficial que ya ha afectado severamente el ejercicio profesional de comunicadores de igual integridad como: Altagracia Salazar, Edith Febles, Rosa Encarnación, Andrés L. Mateo y Ricardo Nieves, en el marco de un persistente empeñó gubernamental por amordazar la libertad de expresión para garantizar la continuidad del régimen de corrupción e impunidad imperante.
Marino Zapete es parte inseparable del corazón de Marcha Verde, movimiento al cual le ha hecho valiosos y desinteresados aportes; y, en consecuencia, consideran que las agresiones a él son agresiones a todo el colectivo y las vamos a enfrentar con el decoro y la energía que nos caracteriza.
Marcha Verde entiende, además, que estamos frente a un indignante plan perverso con el que se pretende invertir la esencia de la impartición de justicia: agredir y condenar a quienes denuncian la corrupción y a sus protagonistas, y no a quienes la ejercen en forma descarada ni tampoco a quienes son garantes de la impunidad que la protege.