Un conjunto de organizaciones, representantes de diversos sectores de la sociedad, se dieron cita para presentar el “Manifiesto Ciudadano por un Sistema Electoral Transparente”.
El manifiesto presentado establece que “el derecho ciudadano a elegir y alternar sus autoridades a través del voto libre, personal, directo y secreto en un Estado social y de derecho democrático es el principal mecanismo de legitimación popular de los gobernantes.”
No obstante, los procesos electorales dominicanos se caracterizan desde antaño por la ocurrencia de prácticas ilícitas y antidemocráticas que procuran distorsionar o manipular la expresión soberana de la voluntad popular. Los más recientes procesos electorales, -incluyendo el de primarias celebrado el pasado 6 de octubre de 2019-, siguen evidenciando el deterioro y la fragilidad de nuestra democracia por su falta de equidad y transparencia.
Así, pues, las instituciones firmantes indicaron que “queremos expresar nuestro compromiso con la defensa activa y vigilante del proceso de institucionalización democrática de nuestro país y, en particular, con el de su sistema electoral”.
Para ello convocaron por medio del Manifiesto Ciudadano “a todas y a todos los dominicanos sin excepción, a no escatimar esfuerzos y sacrificios para rescatar la credibilidad de las elecciones nacionales previstas en el año 2020 y así salvaguardar nuestra democracia y la indispensable legitimación de sus instituciones y representantes.”
Conscientes de que la manipulación de las elecciones despoja la soberanía de la voluntad popular, al tiempo que facilita esa misma corrupción que impunemente roba y malversa el erario y el patrimonio público, reclamaron un serie de puntos, entre los cuales citan:
A las autoridades de la Junta Central Electoral, que además de honrar su palabra, cumpliendo con la realización de la auditoría forense anunciada a la población el pasado 15 de octubre de 2019, avalen la confianza del electorado en este proceso bajo los principios de legalidad, transparencia y libertad previstos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral 15-19; en particular, al definir los términos de referencia y de selección de la firma auditora. Que exijan y merezcan respeto, persiguiendo y sancionando el uso y abuso de los recursos del Estado en campañas electorales particulares; la retención y compra de cédulas; la entrada con celulares a los centros de votación; la violación al horario de votaciones, entre otros.
Al Tribunal Superior Electoral, que procure y garantice la imparcialidad de todas y cada una de las instancias sobre las que sea llamado a hacer justicia.
Al Poder Ejecutivo, y en particular al Ministerio Público, poner en funcionamiento la Procuraduría Especializada en crímenes y delitos electorales cuyos titulares deben ser designados por el Consejo del Ministerio Público luego de lograse un consenso con los partidos políticos.
A los partidos y movimientos políticos, comprometerse públicamente con la transparencia y equidad del venidero proceso electoral dominicano por medio de la firma y respeto de un acuerdo nacional desglosado con ese fin.
A los medios y redes de comunicación, que fomenten el voto consciente de la población.
A la Sociedad Civil, votar temprano, masiva y pacíficamente por los candidatos que de conciencia considere mejor puedan servir a la Nación en todos los niveles electorales, involucrándose en este esfuerzo patriótico de salvaguarda ciudadana de la democracia dominicana para velar por el fiel respeto a la voluntad soberana del pueblo dominicano e impedir que ésta sea vulnerada.
El Manifiesto Ciudadano fue presentado por representantes de las organizaciones que conforman la Mesa de Justicia y Transparencia de Foro Ciudadano coordinada por el Centro Juan XXIII y otras organizaciones que inicialmente han firmado, quienes enfatizaron la importancia del tema como prioridad nacional.