En rueda de prensa celebrada en esta mañana, varias entidades pertenecientes o vinculadas a la sociedad civil informaron que solicitaron formalmente al procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, la apertura de investigación sobre los actos de corrupción cometidos y confesados por la empresa brasileña Odebrecht en el proyecto de construcción de la termoeléctrica Punta Catalina.
El Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la República Dominicana (CNDH-RD), el Instituto de Abogados por la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), Marcha Verde y el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC) comunicaron que depositaron el acto de apertura de investigación sobre Punta Catalina el jueves de la semana pasada en la Procuraduría General de la República.
También indicaron que remitieron copia del acto de solicitud de apertura de la investigación a Punta Catalina depositado en la Procuraduría General de la República a las embajadas de Brasil, EUA, Suiza, Unión Europea e Italia, con la finalidad que lo hagan llegar a las autoridades judiciales de estos países.
“Todas las legaciones aceptaron la recepción de este documento, menos la Embajada de Italia que se negó a recibirlo a pesar de que se les explicó a sus funcionarios que el documento respalda la solicitud de cooperación que el Fiscal de Milán ha presentado ante la Procuraduría General de la República para la investigación de la participación de la empresa italiana Grupo Maire Tecnimont en actos de corrupción en Punta Catalina. Finalmente, la copia fue entregada a esa embajada mediante acto de aguacil”, relataron.
Dijeron que basaron esta solicitud de apertura de investigación sobre la corrupción en Punta Catalina en la confesión de Odebrecht contenida en el acuerdo de culpabilidad suscrito el 21 de diciembre de 2016 por la empresa brasileña con autoridades judiciales de Brasil, EUA y Suiza en la que confiesa que pagó por lo menos US$92 millones en sobornos a funcionarios gubernamentales en República Dominicana entre los años 2001 y 2014.
“El 54% de estos sobornos fueron pagados entre 2012 y 2014, período en que el proyecto Punta Catalina fue licitado, diligenciados y aprobados los préstamos para su financiamiento e inició su construcción”, observaron las entidades.
Plantearon que en la delación premiada del antiguo gerente de Odebrecht en el país, Marco Antonio Vasconcelos Cruz ante las autoridades judiciales de Brasil, éste aseguró que fueron pagados sobornos a legisladores a través de Ángel Rondón Rijo, representante comercial de esta empresa para la aprobación de estos préstamos.
“También basamos nuestra solicitud de apertura de investigación, en las nuevas evidencias aportadas por la periodista Alicia Ortega y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, en junio de 2019, de que Odebrecht pagó US39.5 millones en sobornos en Punta Catalina según consta en la contabilidad paralela de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, en función de oficina de pagos de sobornos”, manifestaron.
Destacaron el nuevo elemento de que US$11 millones de los US$39.5 millones, fueron pagados a través de empresas no mencionadas antes, de las cuales tres han sido identificadas y sus titulares y/o receptores de los pagos han admitido que los recibieron aunque alegan que han sido por servicios prestados.
Otra base que citaron para la apertura de la investigación que solicitan, es la solicitud de cooperación del Fiscal de Milán mediante acta rogatoria a la Procuraduría General de la República Dominicana a favor de la investigación sobre la participación de la empresa italiana Grupo Maire Tecnimont en la corrupción en el proyecto Punta Catalina, en el cual forma parte del consorcio que construyó esta obra junto con Odebrecht y la Constructora Estrella.
Recordaron que el 16 de septiembre pasado, a través de una nota de la relacionadora pública de la PGR, Julieta Tejada, el Ministerio Público confirmó que había recibido el acta rogatoria de cooperación del Fiscal de Milán.
Subrayaron que a pesar de que desde el año 2016 se ha denunciado la mega corrupción ocurrida en Punta Catalina, esta es la primera vez que se interpone formalmente una solicitud de apertura de investigación específicamente sobre el proyecto Punta Catalina.
Sustentó que entidades de la sociedad civil tienen el derecho a formular esta solicitud ante el Procurador General de la República, en el reconocimiento que hacen la Constitución de la República, el Bloque de Constitucionalidad y los convenios internacionales suscrito por el Estado dominicano, de que la ciudadanía puede participar y tomar iniciativas para la prevención y la persecución de la corrupción.
Entres los convenios aludidos por las entidades que respaldan la participación de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción, figuran la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el Convenio Interamericano de Lucha contra la Corrupción, la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE.
Anunciaron que respaldarán esta solicitud de investigación sobre la corrupción en Punta Catalina con la activa movilización del pueblo dominicano y con acciones en jurisdicciones internacionales especializadas en el seguimiento a la corrupción como crimen transnacional.