En una operación conjunta ejecutada por miembros del Ministerio Público y la Policía Nacional, fue arrestada la administradora de un bar de Santiago donde se presume que eran explotadas sexualmente varias menores de edad.
La detenida fue identificada como Ramona Milagros Cruz Reyes, administradora del Bar La Guacima, del paraje El Rubio, municipio San José de las Matas, el cual fue clausurado de manera provisional por las autoridades.
La información fue ofrecida a través de un comunicado de prensa, el cual detalla que Cruz Reyes, quien fue arrestada en el clausurado negocio, será sometida a la acción de la justicia y se solicitará en su contra la imposición de prisión preventiva por su vinculación a los delitos de trata de personas, explotación sexual y proxenetismo.
Las autoridades informaron que durante el allanamiento fueron rescatadas dos jóvenes que se presume eran víctimas de esos delitos, una de ellas de 17 años de edad que fue llevada a un centro del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) donde recibe las atenciones de lugar y otra joven de 18 años que presuntamente trabajaba en dicho negocio desde los quince años de edad.
Detallaron que la operación fue ejecutada por miembros de los departamentos contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes de la Procuraduría Fiscal y la Policía Nacional de Santiago con la asistencia de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas.
Se informó que las labores se llevaron a cabo luego de que en el transcurso de la investigación del caso, iniciada el pasado mes de abril, se determinara a través de agentes bajo reservas, autorizados mediante orden judicial, que en dicho negocio presuntamente se estaban dedicando a la trata de personas, la explotación sexual comercial y al proxenetismo.
Las investigaciones realizadas por los organismos a cargo del combate de la trata de personas establecen que el clausurado negocio cuenta con una cantina (bar) y varias habitaciones.
En relación a la activa labor que llevan a cabo las autoridades contra esos delitos, indicaron que trabajan unidas para hacer cumplir la Ley No. 137-03 sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas.
Destacaron que producto de dicha labor han sido clausurados varios establecimientos y sometidos a la acción de la justicia decenas de personas a las cuales les han sido impuestas distintas medidas de coerción por su vinculación a esos delitos.