Ministerio Público y defensa discrepan por dilaciones en caso Jean Alain

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La defensa del exprocurador general Jean Alain Rodríguez respondió este lunes a los señalamientos del Ministerio Público sobre presuntas tácticas dilatorias en el proceso judicial por corrupción administrativa.

El procurador adjunto Wilson Camacho había afirmado que “la defensa del ex procurador general de la República Jean Alain Rodríguez continúa apostando a hacer perder el tiempo al tribunal por temor a enfrentar las pruebas que pesan en su contra”, en referencia a los incidentes planteados durante el juicio.

En respuesta, el abogado Carlos Balcácer rechazó esas declaraciones y sostuvo que las demoras en el proceso han sido provocadas por actuaciones del órgano acusador. Aseguró que los retrasos se originaron desde la etapa de presentación de la acusación.

El jurista explicó que el expediente fue depositado fuera de los plazos previstos, tras prórrogas solicitadas por el Ministerio Público, y que posteriormente fue entregado en un formato defectuoso, lo que generó nuevas dilaciones.

Asimismo, indicó que otros elementos han incidido en el desarrollo del caso, como solicitudes logísticas en el centro penitenciario, recusaciones de jueces por alegada parcialidad y la reincorporación de imputados previamente separados del proceso.

Balcácer concluyó afirmando que “el Ministerio Público es que ha acarreado esta retahila o esta ordalía de incidentes procesales”, mientras el juicio continúa con la presentación de argumentos por ambas partes ante el tribunal.

La defensa de Jean Alain Rodríguez solicitó este lunes la nulidad de la acusación presentada por el Ministerio Público, alegando múltiples violaciones de derechos fundamentales durante el proceso judicial que se le sigue por presuntos actos de corrupción.

El planteamiento fue realizado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que retomó el juicio contra el exprocurador y otras decenas de personas acusadas de malversar más de seis mil millones de pesos desde la Procuraduría General de la República.

Según expusieron, el expediente estaría afectado por:

  • Presuntas filtraciones a la prensa.
  • Alegadas presiones a imputados y testigos para que ofrecieran declaraciones.
  • Inclusión de bienes lícitos como si fueran ilícitos.
  • Supuestas violaciones a la dignidad humana de los encartados.

La defensa sostiene que estas situaciones vulneran garantías procesales básicas y comprometen la validez del proceso penal.

De acuerdo con el procedimiento, el tribunal deberá decidir primero sobre cada uno de los incidentes planteados. Solo en caso de que se rechazacen en su totalidad, las juezas podrán abocarse al conocimiento del fondo de la acusación presentada por el Ministerio Público.

El proceso judicial

El expediente establece que Jean Alain Rodríguez Sánchez malversó más de RD$6,000 millones mediante procesos fraudulentos entre 2016 y 2020, años en que se desempeñó como procurador general de la República.

Además de Rodríguez Sánchez, figuran en el expediente: Jhonatan Loander Medina Reyes, Alfredo Alexander Solano Augusto, Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya y Braulio Michael Batista Barias.

También, Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.

Jean Alain Rodríguez Sánchez y los demás procesados enfrentan cargos por corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.

Empresas vinculadas

Las empresas que forman parte de las personas jurídicas acusadas y propiedad de Jean Alain Rodríguez son Cavalier y Jurinvest Abogados S. R. L.

Desde que se dictó apertura a juicio de fondo contra el exfuncionario por corrupción, hace casi dos años, no se ha conocido la acusación principal de malversación por los continuos incidentes presentados por los acusados.

El exprocurador cumplirá en el mes de junio cinco años de haber sido sometido por una presunta estafa de más de 6 mil millones de pesos.