El ambientalista y miembro de la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas, Luis Carvajal, advirtió que detrás de recientes sentencias judiciales que impactan parques nacionales y zonas protegidas del país podría existir “una especie de entramado” que favorece intereses privados en detrimento del patrimonio ambiental del Estado.
Durante una entrevista en el programa Esto no tiene nombre, Carvajal se refirió específicamente a la sentencia del Tribunal Superior Administrativo que ordena excluir más de 12 millones de metros cuadrados del Parque Nacional Jaragua, en la provincia Pedernales, para ser registrados a favor de particulares, una decisión que —según afirmó— no puede analizarse como un hecho aislado.
El ambientalista sostuvo que este tipo de fallos se ha repetido en otros casos vinculados a áreas protegidas, como el Parque Nacional Sierra de Bahoruco y el Parque Nacional Cotubanamá, donde decisiones similares terminaron siendo anuladas por su incompatibilidad con la Constitución y las leyes ambientales vigentes.
Carvajal explicó que, contrario a la percepción pública, la sentencia sobre Jaragua no abordó el tema de la propiedad de los terrenos, ya que este ha sido definido en al menos 17 fallos previos que reconocen al Estado dominicano como legítimo propietario. En ese sentido, indicó que el tribunal se limitó a ordenar actuaciones administrativas al Catastro Nacional, pero que dichas órdenes terminan teniendo efectos equivalentes a una modificación legislativa.
“El problema es que se intenta convertir una decisión administrativa en un acto que altera los límites de un área protegida, violando el principio constitucional de progresividad ambiental”, afirmó.
Asimismo, alertó que permitir este tipo de precedentes pondría en riesgo todo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, al abrir la puerta a más de 70 reclamaciones similares que existen alrededor del Parque Nacional Jaragua y otras zonas bajo protección especial.
Carvajal también cuestionó la conducta del Poder Judicial en estos procesos, señalando que corresponde a los propios tribunales explicar las contradicciones entre sus fallos y el marco legal vigente. A su vez, consideró que el Estado dominicano ha fallado históricamente al no perseguir penalmente los intentos de apropiación de terrenos públicos mediante títulos espurios o reclamaciones sin sustento legal.
En ese contexto, informó que organizaciones ambientales sostendrán una reunión con el Ministerio de Medio Ambiente para trazar una estrategia conjunta que permita enfrentar la sentencia en las instancias correspondientes, incluyendo el Tribunal Constitucional.
Finalmente, el ambientalista advirtió que la defensa de las áreas protegidas no es un obstáculo para el desarrollo, sino una condición esencial para garantizar un crecimiento sostenible, especialmente en regiones donde el agua y los servicios ambientales son recursos limitados y estratégicos para el país.