La abogada Emery Rodríguez, integrante del equipo de defensa del exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, ofreció detalles sobre el estado del proceso judicial en el que su defendido figura como imputado junto a otras personas, entre ellas Donald Guerrero y Gonzalo Castillo, por presuntos actos de corrupción administrativa.
Rodríguez indicó que el proceso se encuentra en la fase intermedia del procedimiento penal, etapa en la que el tribunal evalúa si las pruebas presentadas por el Ministerio Público poseen la suficiencia jurídica para sustentar la celebración de un juicio de fondo. Explicó que en este momento no se determina la culpabilidad o inocencia del imputado, sino la probabilidad de que las evidencias permitan sustentar una eventual condena. Asimismo, señaló que el juez puede decidir enviar el caso a juicio o dictar un auto de no ha lugar, cuando considere que no existen pruebas suficientes.
Sobre las imputaciones contra Peralta, la abogada señaló que, en términos generales, el Ministerio Público ha planteado posibles calificaciones jurídicas relacionadas con estafa, desfalco, coalición de funcionarios, lavado de activos y el presunto uso de fondos ilícitos para financiar campañas políticas. Indicó que una de las acusaciones se fundamenta en el testimonio de una persona que aseguró haber entregado dinero para fines políticos, así como en la supuesta utilización de una vivienda en el sector Bella Vista para recibir recursos ilícitos.
La jurista afirmó que el equipo de defensa cuestiona la credibilidad de ese testimonio, señalando que el declarante, identificado como Bolívar Ventura, ofreció versiones distintas en interrogatorios realizados en 2021 y 2022. Según explicó, en la primera declaración el investigado habría señalado a otras personas como receptoras de los recursos, mientras que posteriormente incluyó el nombre de Peralta como beneficiario parcial de dichos fondos.
Rodríguez sostuvo que, a su juicio, el Ministerio Público no ha presentado cargos específicos contra su defendido, al considerar que no se han establecido detalles sobre el momento, lugar ni circunstancias en que supuestamente ocurrieron los hechos investigados. Además, cuestionó la naturaleza de parte de la documentación incorporada en el expediente, argumentando que algunos documentos, como decretos de nombramiento, certificaciones institucionales y documentos personales, no guardan relación directa con los hechos imputados.
En ese sentido, la abogada señaló que, aunque el Ministerio Público ha mencionado la existencia de más de 1,600 documentos, la defensa sostiene que solo una parte de ellos estaría vinculada al caso de Peralta y que, en su mayoría, corresponden a certificaciones administrativas o registros personales que, según su criterio, no constituyen pruebas del delito.
También expresó preocupaciones sobre la inclusión de información relacionada con familiares del imputado dentro del expediente, al considerar que esta práctica podría afectar derechos fundamentales y generar consecuencias sociales y financieras para personas que no forman parte del proceso judicial.
Respecto al desarrollo de las audiencias, Rodríguez informó que la fase actual continúa con la presentación de argumentos por parte de las defensas, mientras que posteriormente el Ministerio Público deberá presentar su réplica. Indicó que, una vez concluidas estas etapas, el tribunal quedaría en condiciones de emitir su decisión, estimando que el fallo podría producirse en un plazo aproximado de 30 días debido a la complejidad del caso.
Finalmente, la abogada reiteró que la defensa sostiene que no existen evidencias que sustenten la acusación contra su representado y manifestó que aspiran a que el tribunal dicte un auto de no ha lugar en su favor.