Santo Domingo. — La designación del abogado y académico Namphi A. Rodríguez como uno de los cinco nuevos magistrados de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) marca la llegada a la alta corte de una de las figuras más influyentes del Derecho Público dominicano, con una trayectoria destacada en la defensa de los derechos fundamentales, particularmente de la libertad de expresión.
Rodríguez, experto en Derecho Constitucional y Administrativo, es autor de cinco libros que han acompañado la transformación del ordenamiento jurídico dominicano en los últimos quince años, entre ellos Diccionario de Jurisprudencia Constitucional, Glosario del Proceso Contencioso-administrativo, Protección Constitucional del Consumidor y del Usuario y Derecho de la Información.
Su obra académica ha sido reconocida por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la Asociación Mundial de Justicia Constitucional y el Foro Iberoamericano de Agencias Gubernamentales de Protección al Consumidor (FIAGC), organismo que agrupa a 22 países. Asimismo, su influencia intelectual ha sido destacada por juristas y pensadores como Milton Ray Guevara, expresidente del Tribunal Constitucional; el exvicepresidente Rafael Alburquerque y el abogado Eduardo Jorge Prats.
Ray Guevara ha definido la obra de Rodríguez como el resultado del pensamiento de “un jurista sereno, reflexivo, respetuoso de la dignidad humana y convencido de la importancia del Estado de Derecho en la construcción de ciudadanía”.
Defensa de la libertad de expresión
Uno de los precedentes más trascendentes impulsados por Rodríguez es la sentencia TC/0075/16, emitida en 2016 por el Tribunal Constitucional, que puso fin al sistema de “responsabilidad jurídica en cascada”, mediante el cual se imputaban delitos de prensa a terceros, lo que facilitaba un ejercicio abusivo del poder punitivo del Estado contra periodistas y directores de medios.
Este esquema provenía de una ley francesa de 1882, adoptada en República Dominicana a través de la Ley 6132 de Expresión y Difusión del Pensamiento, promulgada en 1962. El fallo también eliminó las penas de prisión por difamación e injuria contra funcionarios públicos, ampliando así el derecho ciudadano a denunciar actos de corrupción sin temor a perder la libertad.
El Tribunal Constitucional aclaró, no obstante, que la libertad de expresión no es un derecho absoluto y debe ponderarse frente a otros derechos como el honor, la intimidad y la imagen, dejando abierta la vía penal para casos que afecten la vida privada de los servidores públicos.
El precedente fue recibido con valoraciones positivas por los principales diarios del país. Listín Diario calificó la sentencia como “una victoria esplendente para la libertad de prensa”; El Día la definió como “histórica”; El Nuevo Diario destacó su importancia para adecuar las leyes a la Constitución, mientras que Hoy advirtió que la libertad de expresión no sería real si se mantenían intactas las sanciones penales por delitos de prensa.
Otros fallos relevantes
Rodríguez también fue abogado ponente de la sentencia TC/00200/13, que delimitó los criterios constitucionales para la intervención de las comunicaciones privadas, y de la TC/0092/19, que declaró inconstitucional una disposición de la Ley de Partidos Políticos, reconociendo a las redes sociales como espacios esenciales para la deliberación democrática.
En esa decisión, el TC se refirió al neoconstitucionalismo democrático latinoamericano, orientado a rescatar la participación activa de la ciudadanía en la construcción de su futuro colectivo.
Asimismo, impulsó acciones de inconstitucionalidad contra disposiciones de la Ley Orgánica de Régimen Electoral (15-19) que imponían penas de hasta diez años de prisión por supuestas violaciones en el uso de medios de comunicación. El Tribunal le dio la razón mediante la sentencia TC/0348/19, al considerar dichas normas incompatibles con la Constitución.
Igualmente, a través de la sentencia TC/0052/22, se declararon inconstitucionales artículos de la Ley 33-18 por colidir con el artículo 49 de la Constitución, relativo a la libertad de expresión.
Con su elección como juez de la Suprema Corte de Justicia, Namphi A. Rodríguez consolida una trayectoria marcada por la defensa del Estado de Derecho, la democracia y los derechos fundamentales, aportando a la máxima instancia judicial una visión jurídica de profundo contenido constitucional.
