Santo Domingo. El equipo legal del diputado Sergio “Gory” Moya reafirmó este viernes la total legalidad y legitimidad del proceso judicial que se lleva a cabo contra la señora Claudia Pérez, conocida como “La Tora”, por presunta difamación e injuria en medios de comunicación, tipificadas bajo la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y los artículos 367 y 368 del Código Penal dominicano.
Durante una entrevista concedida este viernes al programa Juego de Damas, los abogados del legislador, los doctores Emmanuel Martínez, Emmanuel Pimentel y José Fis, detallaron los fundamentos legales del proceso y desmintieron las alegaciones de que se habría violentado el debido proceso o que la detención de la señora Pérez habría sido arbitraria.
“A la señora Pérez no se le arrestó por una orden de conducencia, sino por haber sido debidamente citada y no comparecer en varias ocasiones. Se declaró en rebeldía conforme al artículo 100 del Código Procesal Penal”, explicó el abogado Emmanuel Pimentel.
El equipo aclaró que el proceso, si bien se enmarca dentro de una acción penal privada, adquirió forma judicial tras agotar la etapa de conciliación y tras la conversión solicitada por la parte querellante, conforme establece la normativa procesal. “Este no es un caso de censura, sino un ejercicio legítimo del derecho a la tutela judicial efectiva. La libertad de expresión no es sinónimo de impunidad para denigrar la honra y la dignidad de las personas”, señaló el abogado José Fis.
La defensa del Sr. Moya, denunció además que la señora Pérez ha sostenido ataques verbales públicos, incluso contra la magistrada que conoce el caso, lo cual podría acarrear consecuencias adicionales: “Llamar de la forma que ella ha estado llamando a una jueza en un medio público no es libertad de expresión, es un acto de desacato y una nueva forma de violencia discursiva que atenta contra el sistema judicial. No hay precedente reciente de un irrespeto tan grave”, agregó el abogado Martínez.
Dentro del espacio, los juristas enfatizaron que el diputado Moya ha actuado dentro de los márgenes legales, otorgando poder de representación desde el inicio del proceso, y manifestando disposición para comparecer personalmente cuando el tribunal lo estime oportuno. Asimismo, indicaron que están evaluando posibles acciones legales contra otros comunicadores que, al igual que la señora Pérez, hayan incurrido en expresiones difamatorias sin pruebas, y recordaron que la legislación dominicana protege tanto la libertad de expresión como el derecho a la honra y reputación personal.
“Este caso no es solo sobre el diputado Moya. Es un precedente para definir hasta dónde puede llegar la opinión pública sin respaldo probatorio, y hasta qué punto la sociedad está dispuesta a tolerar la difamación como espectáculo”, concluyó el equipo legal. El proceso se encuentra actualmente en fase de fondo, donde se presentarán pruebas, testigos y argumentos de ambas partes. Se espera que el tribunal emita un fallo en las próximas audiencias.