En la medida de coerción presentada por el Ministerio Público (MP) y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) contra Operación Pandora, una organización criminal integrada por miembros de la Policía Nacional y civiles, se explica que estos habrían sustraído, traficado y comercializado municiones, armas y pertrechos oficiales destinados a garantizar la seguridad pública.
Según las investigaciones, los imputados, utilizando sus funciones, desarrollaron un mercado ilícito que incluía la alteración de armas de fogueo y la comercialización de municiones robadas.
El expediente detalla que las operaciones ilícitas se llevaban a cabo desde el Departamento II de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional, ubicado en el Palacio de la Policía, en el Distrito Nacional.
Además, se acusa a los implicados de lavado de activos, fraude contable y amenazas contra testigos. La auditoría interna realizada en octubre de 2024 evidenció faltantes significativos de municiones y accesorios en comparación con los registros oficiales.
