Santo Domingo.- En el expediente del caso de la diputada Rosa Amalia Pilarte, las autoridades dominicanas revelaron la participación de Miguel Arturo López Florencio, conocido como “Micky López”, su esposo, en un complejo esquema para ocultar bienes de procedencia ilícita.
Investigaciones adicionales documentaron la existencia de Reportes de Transacciones en Efectivo (RTE) relacionados con operaciones financieras de Rosa Amalia Pilarte López, principalmente en el Banco Popular Dominicano y la Asociación La Vega Real de Ahorros y Préstamos (Alaver), que reflejaban montos millonarios.
Estas transacciones no guardaban relación con sus ingresos lícitos conocidos y declarados, confirmando su participación en la red de lavado de activos junto con su esposo, Miguel Arturo López Florencio.
Este esquema también involucraba a otras personas físicas y jurídicas controladas por ellos, quienes llevaron a cabo diversas actividades, incluyendo la realización de préstamos millonarios.
Durante un allanamiento el 14 de noviembre de 2019 en la residencia de Hilda Tomasina López de Abreu y su hija Hilda Cristina Abreu López, ambas condenadas por tráfico de drogas, se incautaron 111,722 pastillas de sustancias controladas. Además, se encontraron siete recibos de depósitos del Banco Alaver, totalizando RD$990,000, depositados en la cuenta núm. DO420010000467 a nombre de Rosa Amalia Pilarte López.
La relación entre los acusados Pablo Antonio Martínez Javier, Rigoberto Bueno Javier, y Miguel Arturo López Florencio se estableció a través de múltiples evidencias, como su participación conjunta en el cuerpo accionario de la empresa Consejo de Avicultores Veganos, constituida el 10 de junio de 1999.
Asimismo, se verificó que Rosa Amalia Pilarte López adquirió bienes inmuebles de valores millonarios, que entre 2015 y 2016 fueron transferidos a la razón social Inversiones Inmobiliaria Cutupú, S.R.L. Los beneficiarios finales de esta empresa son Manuel Antonio Inoa Valdez, cuñado de Rosa Amalia Pilarte López, y María Altagracia Cepeda Suárez, madre del sobrino de la acusada, Gabriel Antonio Pilarte Cepeda.
Este desmantelamiento pone en evidencia el intrincado circuito de lavado de activos utilizado por la organización criminal liderada por Pablo Antonio Martínez Javier, quien sigue siendo uno de los principales imputados en esta operación, actualmente declarado en rebeldía.
Primer allanamiento
El 2 de marzo de 2019, a las 4:15 pm, el Ministerio Público de La Vega, junto con miembros de la antigua Dirección Central de Antinarcóticos (DICAN), ejecutaron la orden de allanamiento número 718-2019 en el Residencial Don Percio. La vivienda, ubicada en la calle Principal sin número, construida de block y pintada de color blanco con zapote y franjas amarillas, fue el lugar donde, según informaciones de inteligencia, operaba un centro de elaboración, preparación, almacenamiento y despacho de grandes cantidades de sustancias controladas.
Durante el allanamiento, se encontró a Hilda Cristina Abreu López, quien fue condenada posteriormente. En su poder se ocuparon 90,525 pastillas de 3,4 metilenodioxianfetamina y 21,197 pastillas de anfetaminas, según el certificado de análisis químico forense núm. SC2-2019-03-13-002418, realizado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).
Las investigaciones del Ministerio Público, en colaboración con otras autoridades dominicanas y agencias internacionales, comprobaron que Hilda Cristina Abreu López formaba parte de una organización criminal internacional dedicada al narcotráfico. Esta organización era liderada en la República Dominicana por Pablo Antonio Martínez Javier.
Pablo Antonio Martínez Javier, está imputado como patrocinador de actividades de narcotráfico y autor de lavado de activos. Era quien daba las órdenes a Hilda Cristina Abreu López, condenada el 20 de enero de 2023 por la sentencia núm. 595-2023-SSEN-00001. La condena se basó en múltiples pruebas, incluidos mensajes vía WhatsApp que demostraban su participación en transacciones financieras y la entrega de drogas, utilizando la jerga “botones blancos o rosados” para referirse a las pastillas narcóticas.
Pablo Antonio Martínez Javier utilizaba a familiares y allegados para desarrollar el circuito de lavado de activos de los fondos obtenidos del narcotráfico. Estas personas colocaron grandes sumas de dinero en el sistema financiero nacional, adquirieron bienes muebles e inmuebles valiosos, y realizaron inversiones en varias sociedades de comercio, ocultando el origen ilícito de estas inversiones para su beneficio personal y para fines de la organización criminal.
Como evidencia de sus antecedentes criminales, se verificó que Pablo Antonio Martínez Javier fue deportado desde los Estados Unidos en 2016, después de haber sido condenado por actividades de narcotráfico.
