El juez Rigoberto Sena Ferreras conocerá la medida de coerción
Este martes fueron traslado a la sala de audiencias del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva los siete implicados para conocerle medida de coerción por su presunta vinculación en estafa millonaria mediante inmobiliaria desmantelado mediante la Operación Nido.
Los acusados fueron escoltado hasta el interior de la sala por un nutrido grupo de agentes y fuertes medidas de seguridad.
Esta es la segunda ocasión en la que se intenta conocer la solicitud de medida de coerción contra los integrantes de una red que estafó con millones de pesos a personas a las que ofertaban viviendas en supuestos proyectos inmobiliarios, a través de múltiples maniobras fraudulentas.
Se recuerda que el Ministerio Público arrestó, en coordinación con un equipo de la Policía Nacional, a Emmanuel Rivera Ledesma y a otros integrantes de una red que estafó con millones de pesos a personas a las que ofertaban viviendas en supuestos proyectos inmobiliarios, a través de múltiples maniobras fraudulentas.
En el despliegue de la Operación Nido, iniciada la madrugada de este miércoles y todavía en proceso, el Ministerio Público y la Policía Nacional realizaron veinticinco (25) allanamientos en San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez y el Distrito Nacional.
Un total de 170 policías y 28 fiscales procedieron a ejecutar las órdenes de requisas y arrestos en contra de los objetivos de la investigación, al tiempo que ocuparon evidencias vinculadas al caso.
La investigación ha arrojado que al menos 144 víctimas han presentado querellas o denuncias ante el Ministerio Público. La mayoría de los afectados son personas trabajadoras que con sacrificios aportaron importantes cantidades de dinero para adquirir una vivienda que nunca recibieron.
Además, que cuando reclamaban varios de ellos eran amenazados e intimidados por el cabecilla de la red, Emmanuel Rivera Ledesma, quien los desafiaba a ir a la justicia, instancia en la que, según pregonaba, las víctimas saldrían sin lograr nada.
La red criminal utilizó los vehículos societarios Indisarq, SRL, CRD Equipos Pesados, SRL, el Grupo Wimar, SRL y Auto Xperts AFM SRL, a través de las que crearon un esquema inmobiliario fraudulento para la ejecución de estafas, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos en perjuicio de las víctimas a las que ofertaban viviendas a través de siete proyectos inmobiliarios.
