Fue aplazada para el próximo martes a las 9:00 de la mañana la audiencia de medida de coerción contra los implicados en el caso Nido, que involucra a una presunta red de estafadores, mediante la venta de bienes inmobiliarios inexistentes, encabezada por el señor Emmanuel Rivera Ledesma y otros seis, entre ellos su esposa y su ex esposa.
La audiencia fue aplazada a solicitud de abogados de la defensa, quienes alegaron que necesitan más tiempo para conocer el expediente acusatorio de sus clientes.
Varios de los afectados se dieron cita al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, quienes al ver a los presuntos estafadores les vociferaban “ladrones” y “delincuentes”, al tiempo que pedían cárcel para ellos y la devolución del dinero.
Los imputados fueron apresados durante la puesta en marcha de la Operación Nido, iniciada la madrugada del miércoles tres de enero, donde el Ministerio Público y la Policía Nacional realizaron veinticinco (25) allanamientos en San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez y el Distrito Nacional.
Un total de 170 policías y 28 fiscales procedieron a ejecutar las órdenes de requisas y arrestos en contra de los objetivos de la investigación, al tiempo que ocuparon evidencias vinculadas al caso.
La investigación ha arrojado que al menos 144 víctimas han presentado querellas o denuncias ante el Ministerio Público. La mayoría de los afectados son personas trabajadoras que con sacrificios aportaron importantes cantidades de dinero para adquirir una vivienda que nunca recibieron.
Además, que cuando reclamaban varios de ellos eran amenazados e intimidados por el cabecilla de la red, Emmanuel Rivera Ledesma, quien los desafiaba a ir a la justicia, instancia en la que, según pregonaba, las víctimas saldrían sin lograr nada.
La red criminal utilizó los vehículos societarios Indisarq, SRL, CRD Equipos Pesados, SRL, el Grupo Wimar, SRL y Auto Xperts AFM SRL, a través de las que crearon un esquema inmobiliario fraudulento para la ejecución de estafas, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos en perjuicio de las víctimas a las que ofertaban viviendas a través de siete proyectos inmobiliarios.
Durante la investigación se ocuparon evidencias que demuestran que el imputado Emmanuel Rivera Ledesma utilizaba nombres de personas reconocidas para hacer creer a las víctimas que estaba protegido por personalidades a quienes realmente ni siquiera conoce. Por igual, se recabaron evidencias de la ostentosa vida que llevaban varios miembros de la red con el dinero obtenido de las víctimas.
