Tribunal dicta auto apertura a juicio y ratifica la prisión a cabo de la policía acusado de matar niño de 11 años en medio de carnaval en Santiago

Tribunal dicta auto apertura a juicio y ratifica la prisión a cabo de la policía acusado de matar niño de 11 años en medio de carnaval en Santiago

El Tercer Juzgado de la Instrucción de esta demarcación judicial dictó auto de apertura a juicio en contra de un cabo de la Policía Nacional imputado por el homicidio voluntario de un niño de 11 años, al que mató luego de que accionara su arma de fuego en un uso desmedido de la fuerza, en medio de la celebración del carnaval de la ciudad de Santiago, donde se encontraba la víctima junto a su familia en la calle Mella, esquina avenida Las Carreras, el pasado mes de febrero.

La jueza del tribunal, magistrada Iris Sugelly Borgen Santana, acogiéndose a la solicitud del órgano acusador, que calificó el hecho como homicidio voluntario, también ratificó la medida de coerción, consistente en prisión preventiva, contra el imputado, el agente de la Policía Nacional Alejandro Castro Cruz, de 30 años de edad.

El Ministerio Público, representado por la fiscal Yarily Toribio, presentó decenas de pruebas periciales, materiales, otras documentales, testimoniales e ilustrativas, con lo que el tribunal, hallando suficiencia probatoria, acogió la acusación que indilga al uniformado cargos por homicidio voluntario en perjuicio del menor de edad de iniciales D.J.M.T, a quien impactó de un balazo en el brazo izquierdo y el tórax, con la pistola marca Taurus, 9 milímetros.

El agente también enfrenta cargos por violación a los artículos 295, 304 y 309 del Código Penal Dominicano, que tipifican el homicidio voluntario en contra del menor y los golpes y heridas que infirió al padre del adolescente, Anthony Ysauri Martínez.

La investigación del hecho, ocurrido el domingo 12 de febrero del 2023, estuvo a cargo del fiscal titular Osvaldo Bonilla y del Departamento de Asuntos Internos de la Fiscalía, que dirige el procurador de Corte Gerardo Ponce.

El imputado se enfrentaría a una pena que podría ser de hasta de 20 años de prisión.