Santo Domingo, República Dominicana.- El Consejo de Defensa del ex procurador Jean Alain Rodríguez depositó en el día de ayer 1,046 pruebas a absolución, las cuales desmontan todas las imputaciones formuladas por la Procuraduría Especializada Contra la Corrupción Administrativa (PEPCA) contra el mismo, todo esto, a pesar de que la Procuraduría General de la República optó por la tarea de ocultar pruebas, cometer actos reñidos con las normas penales y disciplinarias, y sobre todo amenazar a decenas de personas para que, en calidad de testigos se abstengan de suministrar documentos proclives a favorecer al ex procurador, transitando incluso con la dispensa de cargos y sometimientos a personas con comportamientos criminalmente execrables, como el caso del ex solicitado en extradición Rafael Stéfano Canó Sacco, quedando evidenciado que es el trabajo descontrolado de los remanentes inquisitorios.
Expresaron los abogados que, a pesar de las arbitrariedades asumidas por la PEPCA, a lo largo de casi dos años y con mucho esfuerzo, lograron compilar 955 pruebas documentales, 17 audiovisuales, 6 periciales y 68 testimoniales, para un total de 1,046 pruebas, depositadas junto a un escrito de 2,952 páginas que relatan de forma preliminar la realidad de las falsas imputaciones presentadas por la PEPCA, todo dentro de un mísero plazo otorgado por el juez Marcos Amauri Martínez Núñez, sin desmedro de la espera de decenas de pruebas que aún persiste la PEPCA en rezagarlas y que se encuentran en reclamos judiciales.
Negación de administrar pruebas documentales. Toda esta ardua labor se inscribe dentro de muchos obstáculos colocados ex profeso por el propio juez Amauri Martínez, quien, luego de acordar y ordenar entrega de pruebas documentales físicas al ex procurador, se contradijo y despachó con una retractación conculcadora de derechos, que consistió en aceptar, todo el contenido de un originario disco duro defectuoso que había descartado, contentivo de millones de páginas -que incluían cuantiosas pruebas vinculadas a otros sonados casos-, como como son los casos de los señores Alexis Medina y Adam Cáceres, que en modo alguno tienen vinculación con el imputado Jean Alain Rodríguez. Todo esto con el deliberado propósito de imposibilitar no solo la concentración del estudio correspondiente al ex procurador, sino también, dispersar la capacidad de respuesta con miles de archivos ajenos a la litis que nos ocupa, lo cual debilitó en buena parte, la tarea de preparar defensa efectiva en escasos meses.
La cooperación del juez resultó sorprendentemente positiva para nuestras partes adversas, dado que, contrario al mandato legal que data de 200 años de procedimiento penal en cuanto a manejo físico de documentos, luego de ordenar la entrega física del expediente, se contradijo y dispuso que la administración, trámite y entrega de los millares de pruebas fueran de forma digital, no tomando en cuenta dicho juzgador que la “Era Digital”, como nombre que recibe el período de la Historia de la Humanidad vinculado a las tecnologías de la información y la comunicación, con características propias de velocidad comunicativa, al final de cuentas, ha transformado el entorno social en que se desenvuelven los abogados, fiscales, los jueces y hasta los propios empleados judiciales, y aún hasta las formas de interactuar, lo cual conlleva, en síntesis, una pérdida de atención, tanto en la lectura como en su propia comprensión, lo que demanda de nuestra parte asumir una posición más que vanguardista al derecho de defensa, diríamos que iusfilosófica, respecto al celo a experimentar sobre el derecho a defenderse que es acreedor todo acusado.
El juez y el ministerio público dominan los efectos derivables del mandato que dispuso el primero, puesto que el reemplazo abrupto de lo documental impreso desdice de la forma de pensar de nuestros cerebros, lo cual, ineludiblemente, culmina en una pérdida de capacidad de atención, retención y lectura eficaz. Es una inocultable amenaza para el entendimiento legal no permitida por nuestra legislación actual.
Asimismo, los juristas expresaron que es evidente que, desde la salida del ex procurador de su cargo, se orquestó un plan retaliativo para destruirlo por completo, cuyos motivos todos conocemos. Se inventaron que se iría a vivir a Francia, luego que se escaparía a destinos indeterminados, todo soportado en pago de millones de pesos en campañas de descrédito para -por medio a una parte escogida de la prensa- confundir a jueces y lograr una prisión preventiva, sembrando en el inconsciente colectivo de la población el pronóstico de condena como soporte al celo por la fuga, enmascarando así, todo un ideal o pensamiento en cuanto a comprender la imposibilidad de semejante acontecimiento (la fuga), dados los propios adelantos tecnológicos y científicos que se valen los Estados contra el crimen.
La amarga realidad para los detractores es que, la batalla legal que libran Jean Alain Rodríguez y sus abogados, tras el cese de la prisión preventiva, tiene su elemento natural en que se ha demostrado que todo el discurso predictivo de ellos ha dejado plantada a la justicia dominicana, quedando nada más un vacío que anhela una respuesta acerca de “qué es lo que queda por asumir de estos señores para los eventuales próximos pasos procesales”?
Nuestra defensa se ha concentrado en demostrar que Jean Alain Rodríguez Sánchez no se ha enriquecido y que su patrimonio es muy similar al que tenía en el año 2012, antes de ejercer funciones públicas, lo que hemos logrado sin espacio a dudas. También en demostrar que ninguna de las imputaciones que le atribuyen dolosamente son responsabilidad del cargo de Procurador General de la República, que no ha recibido sobornos de nadie y que por lo que es de su conocimiento, todos los procesos realizados por las personas responsables se realizaron de forma correcta, atravesando todos los controles internos y externos.
