La defensa del mayor general Adán Cáceres, acusado por el Ministerio Público en el caso Coral, envió este miércoles una carta a la magistrada procuradora general de la República, Miriam German, solicitándole que asuma personalmente el proceso llevado contra el exponente y que disponga su desistimiento por el interés superior, con las consecuencias jurídicas que de ello se deriven, ante el interés público que representa el caso.
“En procura de la preservación del interés supremo de la Seguridad Jurídica, la soberanía de la Supremacía de nuestra Carta Magna que aniquila todos los actos realizados en contra de sus disposiciones”.
En el documento, los juristas advierten que el sistema se encuentra en crisis en base a un nuevo sistema denominado “La Justicia relativa”, donde las persecuciones penales no tienen reglas.
“Donde la Constitución y leyes adjetivas vienen a ser una especies de referencia, “papeles”, que se toman en cuenta dependiendo de “ciertas circunstancia” y si ritman con los fines perseguidos”, señala la carta.
Manifestaron, además, que la acusación ha sido totalmente adulterada, y que no se trata de una disección para extirpar el área dañada “ya todo hizo metástasis e infectó, de orden público”, señalando que la acusación nació al margen de la ley comprometiendo la responsabilidad del Estado Dominicano mismo.
“Le confesamos que, cada párrafo cuya escritura terminamos, el ánimo y esperanza de que se haga justicia se va menguando, “¡Esto no puede estar pasando en la Procuraduría de Miriam Germán!”.
Detallaron que la solución a este progresivo enjambre de ilegalidades es drástica “dramática si se quiere, pero responde a conservar un bien mayor que el proceso, que este y cualquier otro caso: proteger la seguridad jurídica y la supremacía de la Constitución “que vale muchas veces más que los alborotos causados en cada proceso como los que Usted criticaba; y como los que tiene que enfrentar a propósito de ocupar, precisamente, la Procuraduría General de la República”, resalta la misiva de los abogados de Adán Cáceres.
Alertaron que todo lo que han denunciado como barra de defensa “viene ahora decorado con las insinuaciones y ataques directos a los abogados que postulan en provecho de los seres humanos que son sometidos al escrutinio judicial por este Ministerio Público”.
Advirtieron, que ante la arriesgada ruta “se pretende iniciar una cruzada en contra de los abogados que representan a las partes en estos procesos completamente mediatizados, a fin de callar las únicas voces que, con respaldo de la Constitución de la República, han podido elevarse en contra de todas las arbitrariedades y violaciones sistemáticas a derechos fundamentales y procurar con ello expandir el miedo y terror con el propósito expreso de sepultar por completo nuestro estado de derecho”, señalaron los abogados Cristian Martínez, Romer Jiménez y Francisco Álvarez.
En el documento le recuerdan a la magistrada Procuradora Miriam German, que el texto que pone fin a estos eventos está en su propia Ley No. 133-11 (Orgánica del Ministerio Público) “parte del cual trascribimos a continuación”:
Artículo 30. Atribuciones. El Procurador General de la República tendrá las siguientes atribuciones específicas:
Asumir, por sí mismo o a través de uno de sus adjuntos, cualquier proceso penal de acción pública que se promueva en el territorio nacional cuando lo juzgue conveniente al interés público. Esta avocación estará precedida de un dictamen motivado al efecto y comporta el traslado la responsabilidad de la gestión del caso, no pudiendo ser devuelto al Ministerio Público originariamente apoderado;
Declararon que un proceso corrompido en sí mismo, “tiene que ser abortado y sólo Usted puede hacerlo. Por ello, con el respeto histórico de siempre, le solicitamos: ¡Tiene que hacer justicia!”, concluye el documento depositado.
