Johnny Pujols afirma que la inconstitucionalidad de la Ley del DNI es una victoria de la libertad y la democracia
El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols, afirmó que la decisión del Tribunal Constitucional de declarar inconstitucional la Ley núm. 1-24, acogiendo la acción interpuesta por el PLD y otras organizaciones políticas y sociales, constituye una victoria de la libertad y la convivencia democrática en la República Dominicana.
Pujols sostuvo que la ley aprobada por el Gobierno del PRM obligaba a dependencias del Estado, instituciones privadas y personas físicas a entregar informaciones a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), afectando derechos fundamentales como la intimidad y el honor personal. Indicó que el Tribunal Constitucional confirmó esos señalamientos y llamó a mantenerse atentos en la defensa de los derechos del pueblo dominicano.
Según explicó, la ley obligaba a las dependencias del Estado, instituciones privadas y personas físicas a suministrar información a la Dirección Nacional de Inteligencia, una disposición que, a su juicio, evidenciaba las intenciones del Gobierno de ampliar los mecanismos de control sobre la población.
“Esta declaración de inconstitucionalidad de la Ley del DNI es una victoria de la libertad y la convivencia democrática en República Dominicana, pero debemos seguir atentos en la lucha y defensa de los derechos del pueblo dominicano”, expresó el dirigente peledeísta.
Pujols sostuvo que el propio Tribunal Constitucional confirmó los cuestionamientos planteados por la oposición y diversos sectores de la sociedad civil, al concluir que la legislación afectaba derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la intimidad y al honor personal.
Asimismo, recordó que la normativa fue aprobada en 2024, año electoral, y consideró que el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) buscó otorgarse mayores facultades mediante esa legislación.
Finalmente, el secretario general del PLD valoró la decisión del Tribunal Constitucional y reiteró que la sentencia representa un precedente importante para la protección de las garantías constitucionales y el fortalecimiento del Estado democrático de derecho.
