Iván Silva: “Uno por uno nos van metiendo presos por quejarnos del abuso”

El doctor y exsenador Iván Silva denunció lo que considera un patrón de represión contra quienes se atreven a cuestionar el alto costo de la vida y los abusos en sectores clave como los de combustibles, la electricidad y la minería.

Silva vinculó estos problemas a un “reinicio del sistema económico mundial” que, según él, el gobierno dominicano traslada al pueblo mientras protege intereses poderosos. El ex congresista comenzó recordando dos casos que, a su juicio, ilustran la intolerancia a la indignación ciudadana: el del comunicador automotriz Jefte (Jefté) Ventura y el de una señora que, tras recibir facturas de luz de RD$28,000 y luego RD$40,000 (cuando antes pagaba alrededor de RD$3,000-4,000), rompió su medidor en un acto de frustración y terminó detenida.

“Ventura está preso por decir que la gasolina nuestra está adulterada y sobre valuada. En el caso de la señora está presa por quejarse”, afirmó Silva. “Así vamos cayendo uno por uno: todo el que se atreva a indignarse por el abuso de estos grupos de poder hacia la ciudadanía, lo que le queda es la cárcel o la muerte”.

El exsenador aprovechó la ocasión para criticar duramente el precio actual de los combustibles —la gasolina premium ronda los RD$314 por galón y la regular los RD$294,50 (semana del 11 al 17 de abril de 2026)— y los subsidios estatales que, según él, terminan beneficiando a “mafias” del sector en lugar de aliviar al consumidor.

Silva recordó que, como senador, acudió al Tribunal Constitucional para impugnar los impuestos aplicados a los hidrocarburos desde 2009. Acusó al gobierno de colocar en posiciones clave a personas vinculadas al sector privado de los combustibles, mencionando específicamente a Pablo Portes (asesor financiero del Poder Ejecutivo) y a Walkiria Caamaño (viceministra de Energía y Minas), a quienes ligó a intereses asociados al empresario haitiano Gilbert Bigio (GB Group / Texaco en RD).

“Este presidente colocó a los representantes de los combustibles en el Palacio y en el Ministerio de Energía y Minas para que ellos manejen los precios”, dijo.

Añadió que un grupo reducido de empresas —incluyendo franquicias como Texaco y otros grandes jugadores dominicanos— controla el rubro, imponiendo impuestos, márgenes elevados y, según las denuncias de Ventura, combustible de calidad inferior a la declarada (octanaje por debajo de los estándares legales de 96 RON para premium y 89 para regular).
Ventura, quien usó un octanómetro portátil para realizar pruebas públicas en estaciones (incluyendo Texaco), generó un fuerte debate. Petromóvil lo demandó por difamación e injuria, alegando manipulación de datos y campaña de descrédito tras negarle patrocinio. Un tribunal le impuso medidas de coerción, incluyendo una fianza de RD$1 millón y prohibición de acercarse a menos de 1,000 metros de estaciones de la empresa.

El discurso incluyó el video viral de la señora que, con solo abanico, nevera, estufa y bombillos, recibió facturas desproporcionadas y, en un momento de desesperación, destruyó su medidor. “Ella se indignó y la metieron presa. Ventura también. ¿Cuántos más van a meter?”, preguntó Silva retóricamente.

Destacó que el sector eléctrico dominicano enfrenta críticas históricas: altas pérdidas (técnicas y no técnicas), dependencia de combustibles fósiles caros y subsidios masivos del Estado a las distribuidoras (EDEs). Facturas que “se disparan” sin explicación clara son una queja recurrente entre los hogares.