La OEA aprobó este jueves por unanimidad, durante la asamblea general del organismo en Asunción, una resolución en repudio al intento de golpe de Estado registrado la víspera en Bolivia, al tiempo que puso el foco en las crisis de Nicaragua, Haití y la inseguridad en la región.
La resolución asegura que la Organización de Estados Americanos (OEA) resolvió “condenar enérgicamente el despliegue ilegal de unidades del Ejército del Estado Plurinacional de Bolivia” y expresa su solidaridad con el pueblo boliviano.
“Estamos muy orgullosos de ser copatrocinantes de esa resolución y afirmamos que nuestro compromiso es con la democracia”, dijo a periodistas en Asunción Richard Verma, adjunto del jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken.
Militares intentaron el miércoles derribar una puerta del palacio presidencial de La Paz, en una maniobra que el presidente boliviano, Luis Arce, calificó de “golpe de Estado”. Su gobierno anunció este jueves la detención de 17 personas sospechosas de participar, entre militares activos y en retiro y varios civiles.
El hecho causó el repudio generalizado de todos los representantes de los Estados miembros mientras los hechos acontecían, incluidos el presidente anfitrión, el paraguayo Santiago Peña, y el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
El embajador de Bolivia ante el organismo, Héctor Enrique Arce, agradeció la “rápida reacción” de los países miembros y la consideró “uno de los elementos que favoreció y fue determinante para el fracaso de un intento desestabilizador”, en el marco de esta 54º asamblea general, que se celebra en la sede de la Conmebol en Asunción y terminará el viernes.
– Nicaragua, Haití y la inseguridad –
El organismo hemisférico aprobó, además, una resolución para el “seguimiento a la situación en Nicaragua”, que dejó de ser Estado miembro en noviembre del año pasado a pedido de su presidente, Daniel Ortega.
Las relaciones del país centroamericano con la comunidad internacional se han tensado desde la represión de las protestas de 2018 contra el mandatario nicaragüense, en el poder desde 2007 y reelegido sucesivamente.
El estadounidense Verma afirmó que su país “seguirá denunciando” el “régimen” de Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, y “abogando por que se respeten los derechos del pueblo nicaragüense en cumplimiento de sus obligaciones interamericanas”.
También se aceptó una resolución orientada a mitigar la crisis humanitaria y política que sufre Haití, que recientemente recibió una misión de asistencia policial de Kenia para combatir a pandillas que tienen sumido al país caribeño en una grave crisis.
El documento propone continuar los esfuerzos para restablecer la seguridad, la asistencia humanitaria, el desarrollo socioeconómico “y la prestación de asistencia para la protección de los derechos humanos y la democracia en Haití”.
La delegada haitiana, la canciller Dominique Dupuy, aseguró que su gobierno, recién elegido a finales de mayo en medio de una inestabilidad política de larga data, está decidido a “tomar todas las medidas necesarias para volver a los acuerdos de transición política”.
Además, sostuvo, velará por la “vuelta al Estado de derecho, la justicia social y elecciones para renovar el personal político”.
Finalmente, la asamblea puso la lupa en el combate al crimen y la inseguridad. Entre otros, la ministra de Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, denunció la “devastadora presencia en la región (del crimen organizado) y su alarmante carácter transnacional”.
Ubicado entre Colombia y Perú -los mayores productores mundiales de cocaína-, Ecuador dejó hace años de ser una isla de paz y se convirtió en un centro logístico para el envío de droga, principalmente cocaína, hacia Europa y Estados Unidos.
“¿Qué democracia sobrevivirá si los poderes del Estado se van infectando de este cáncer organizado transnacional?”, se preguntó Sommerfeld.
