La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, informó que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, han sido acusados formalmente en el Distrito Sur de Nueva York por una serie de graves delitos federales, entre ellos conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína a territorio estadounidense y delitos relacionados con la posesión y conspiración para el uso de ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.
El anuncio fue realizado a través de la cuenta oficial de Bondi en la red social X (antiguo Twitter), donde detalló que las acusaciones forman parte de un proceso judicial impulsado por el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), en el marco de la lucha contra el narcotráfico internacional y las organizaciones criminales transnacionales.
Según el mensaje de la fiscal general, Nicolás Maduro enfrenta cargos por conspiración de narco-terrorismo, un señalamiento que vincula actividades de tráfico de drogas con acciones consideradas terroristas bajo la legislación estadounidense. Asimismo, se le imputa conspiración para la importación de cocaína, además de posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer este tipo de armamento con fines hostiles contra Estados Unidos. En el caso de Cilia Flores, también se le señala como parte de las acusaciones presentadas ante la corte federal.
Bondi afirmó que ambos “pronto enfrentarán toda la furia de la justicia estadounidense en suelo estadounidense”, dejando claro que el caso será conocido en tribunales federales de Estados Unidos. En su declaración, la funcionaria agradeció al presidente Donald Trump por, según dijo, “tener el coraje de exigir rendición de cuentas en nombre del pueblo estadounidense”, así como a las fuerzas armadas del país, a las que atribuyó una “misión increíble y altamente exitosa” para capturar a los dos “presuntos traficantes internacionales de narcóticos”.
El pronunciamiento ha generado una fuerte repercusión a nivel internacional, especialmente en América Latina, debido a la relevancia política de Nicolás Maduro como jefe de Estado venezolano y al impacto que estas acusaciones podrían tener en las ya tensas relaciones entre Washington y Caracas. Hasta el momento, el gobierno de Venezuela no ha emitido una reacción oficial sobre el contenido del mensaje de la fiscal general estadounidense.
El caso se suma a otros procesos y señalamientos previos realizados por autoridades de Estados Unidos contra altos funcionarios del gobierno venezolano, en el contexto de investigaciones relacionadas con narcotráfico, crimen organizado y violaciones a leyes federales. Se espera que en las próximas horas o días el Departamento de Justicia amplíe la información sobre el estado del proceso judicial y los pasos a seguir en este expediente de alto perfil.
