Una gran multitud salió a las calles este fin de semana en distintas ciudades de Brasil, como São Paulo, Río de Janeiro y Brasilia, en respaldo al expresidente Jair Bolsonaro y en abierto rechazo al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y al Supremo Tribunal Federal (STF).
Las multitudinarias marchas denunciaron lo que llaman una “persecución política” contra Bolsonaro, actualmente bajo arresto domiciliario tras ser acusado de conspirar para impedir la toma de posesión de Lula en enero de 2023.
Los manifestantes exigieron amnistía para los acusados por los disturbios de ese 8 de enero, criticaron al juez Alexandre de Moraes, principal impulsor del juicio, y celebraron las recientes sanciones impuestas por Estados Unidos contra funcionarios del STF mediante la Ley Magnitsky, entre ellos el propio Moraes.
“Estamos aquí para defender la democracia y denunciar esta dictadura disfrazada de justicia”, expresó uno de los oradores en la Avenida Paulista, mientras miles de personas coreaban “¡Bolsonaro, libertad!” y mostraban pancartas con mensajes como “Fuera Lula” y “Magnitsky ya”.
Acusaciones y polarización
En marzo, el STF resolvió por unanimidad que Bolsonaro debe ser juzgado por conspiración contra el orden democrático. La Fiscalía lo acusa de intentar evitar la transición presidencial mediante arrestos ilegales y el estímulo a actos violentos. Además, documentos judiciales lo vinculan con una supuesta red de exmilitares, exfuncionarios y operadores mediáticos que buscaban desestabilizar la institucionalidad.
Actualmente, el exmandatario porta un brazalete electrónico y tiene prohibido comunicarse con aliados estratégicos, como su hijo Eduardo Bolsonaro, que reside en Estados Unidos.
Choque internacional
Las protestas también tomaron un cariz internacional luego de que el gobierno de Estados Unidos aplicara sanciones unilaterales contra el juez Alexandre de Moraes, alegando violaciones a los derechos humanos, bajo la Ley Magnitsky. La medida fue bien recibida por sectores bolsonaristas y utilizada como bandera en las manifestaciones.
En respuesta, el gobierno de Brasil condenó la “interferencia externa” y defendió la autonomía del Poder Judicial. “Cumpliré con mi deber constitucional sin intimidaciones”, declaró Moraes, mientras el presidente Lula calificó las protestas como un “atentado a la democracia” y reiteró su respaldo a la Corte Suprema.
