En medio de una tensión creciente con periodistas argentinos, el gobierno de Javier Milei impuso nuevas reglas para acceder a la sede presidencial.
A través de una resolución oficial, se exige ahora una evaluación profesional para quienes soliciten acreditación, junto con el alcance del medio que representan.
Además, se redujo el número de periodistas que pueden ingresar a las salas de prensa para evitar aglomeraciones y mejorar la seguridad en los encuentros oficiales.
La normativa requiere que los medios presenten una declaración jurada con datos verificables sobre su audiencia para solicitar la acreditación de sus periodistas.
Por otro lado, cada periodista deberá comprometerse por escrito a cumplir normas de convivencia y pautas de permanencia en las instalaciones gubernamentales.
El Ejecutivo también estableció un código de vestimenta formal para las conferencias de prensa, aunque sin detallar cómo debe cumplirse esta indicación.
Estas medidas llegan en un momento donde el presidente muestra una fuerte incomodidad con la cobertura periodística que recibe su gestión.
Milei ha acusado públicamente a diversos comunicadores de actuar con corrupción o como herramientas de extorsión, en línea con la retórica de Donald Trump.
Mientras mantiene una relación tensa con medios críticos, el mandatario prefiere dialogar con canales de streaming o periodistas afines a su ideología.
La nueva regulación también prevé evaluar al periodista por su experiencia, formación académica y producción previa sobre política y eventos oficiales.
Luego de seis meses de acreditación, los medios deberán actualizar su nivel de audiencia. Si este cae, la Casa Rosada podría suspender temporalmente el acceso.
También se podrá revocar la acreditación si un periodista incurre en dos o más infracciones graves a las normas impuestas para el ingreso.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, ya había anticipado estas modificaciones que, según afirmó, buscan construir una “sala de prensa de elite”.
Los medios tendrán un plazo de 30 días hábiles para presentar la documentación necesaria y adecuarse a los nuevos criterios de acreditación.
Sin embargo, la oposición política reaccionó de inmediato, alertando sobre los riesgos que esto podría implicar para la libertad de prensa en el país.
El diputado Sergio Abrevaya expresó en la red social X que “sin prensa libre no hay democracia”, y rechazó toda forma de silenciamiento.
En paralelo, se recordó que Milei denunció por calumnias e injurias a tres periodistas, acusándolos de comparar su figura con la de Adolf Hitler.
Además, en una reciente entrevista en redes, el presidente describió a los periodistas como “prostitutas” de los políticos, generando gran polémica.
Frente a esto, sectores opositores insisten en firmar un pacto social que defienda el derecho a la crítica y a la sátira como pilares democráticos.
Muchos consideran que la retórica del gobierno se vuelve cada vez más agresiva, lo que pone en duda su disposición a tolerar voces disidentes.
