Brasilia, 20 mar (EFE).- La Corte Suprema de Brasil definió este jueves una tesis jurídica según la cual los medios de comunicación tendrán que despublicar de sus plataformas las entrevistas con declaraciones comprobadas como falsas, informaron fuentes oficiales.
La decisión se enmarca dentro de un juicio con el Diário de Pernambuco por publicar una entrevista en 1995 en la que un político acusó a un exdiputado de ser el responsable de atentar con una bomba en un aeropuerto del país durante la dictadura militar brasileña.
Después de fallos divergentes en instancias inferiores, el caso llegó al Supremo, que sentó jurisprudencia este jueves por unanimidad sobre cuál es el alcance de la responsabilidad de los medios de comunicación al difundir informaciones “no verídicas” de terceros.
En ese contexto, la corte declaró que en el caso de que un entrevistado impute “falsamente” la práctica de un crimen a un tercero, “la empresa periodística solo podrá ser responsabilizada civilmente, si se comprueba que actuó de mala fe”.
Ya sea por “dolo demostrado” del medio al tener “conocimiento previo de la falsedad de la declaración” o por una “evidente negligencia en el esclarecimiento de la verdad del hecho y en la divulgación al público sin la respuesta del tercero ofendido”.
“El medio solo es responsable de una entrevista a un tercero en caso de dolo o falta grave”, subrayó el presidente del Supremo, Luís Roberto Barroso, en declaraciones divulgadas por Agencia Brasil.
La máxima instancia judicial brasileña también abordó los casos de entrevistas en directo, durante las cuales quedará “excluida la responsabilidad del medio, si el entrevistado imputa falsamente a otro de cometer un delito”, según la tesis publicada.
Sin embargo, el medio en cuestión deberá garantizar el derecho de respuesta del ofendido “en iguales condiciones, espacio y protagonismo” que la persona que lanzó las calumnias en su contra.
Además, si se comprueba que dichas afirmaciones son falsas, la entrevista deberá “ser retirada” del aire, “de oficio o por notificación de la víctima, cuando la imputación permanezca disponible en plataformas digitales, bajo pena de responsabilidad”.
El Supremo ya había fijado las líneas generales de esta tesis jurídica en noviembre de 2023, pero diversas organizaciones periodísticas solicitaron al tribunal realizar una serie de ajustes a fin de evitar la censura a través de fallos judiciales.
El Diário de Pernambuco ha defendido a lo largo del proceso que actuó amparado en la libertad de prensa, protegida en la Constitución brasileña.
Este litigio ya fue motivo de preocupación por parte de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que en 2024, en su informe de mitad de año, alertó precisamente de “censura judicial” al citar el caso.
