El presidente de Colombia hizo un anunció que ha generado un intenso debate en la esfera política y en la opinión pública, y es que convocará a una consulta popular para determinar el futuro de la reforma laboral y la reforma a la salud.
El anuncio se produjo en una rueda de prensa realizada en la Casa de Nariño, en la que el mandatario expresó su preocupación por lo que calificó como un “bloqueo institucional” a las iniciativas legislativas de su Gobierno. “El bloqueo institucional es una dictadura contra el voto popular y al bloqueo institucional se le responde con democracia real”, afirmó Petro, insistiendo en que será la ciudadanía la que tome la decisión en las urnas.
La medida anunciada por el jefe de Estado surge tras la decisión de la Comisión Séptima del Senado de archivar la reforma laboral, luego de que ocho congresistas firmaran la ponencia que dejaba sin efecto su discusión. Ante este panorama, Petro enfatizó en la necesidad de abrir un espacio de participación ciudadana para definir el destino de estas reformas estructurales.
Según lo expresado por el presidente, la consulta popular deberá ser aprobada por el Senado en un plazo de un mes y someterse a votación ciudadana en un máximo de 90 días. “Lo único que proponía es que los médicos residentes tengan un salario. Lo único que proponía es que los contratos de aprendiz del joven en su primer empleo tengan un salario justo y no explotación. Eso es lo que ha querido hundir la Comisión Séptima con engaños”, sostuvo Petro durante su intervención.
La convocatoria a consulta popular se presenta como un mecanismo para destrabar la discusión de estos proyectos, que enfrentan dificultades en su trámite legislativo debido a la falta de mayorías en el Congreso. El mandatario aseguró que su Gobierno seguirá buscando alternativas para garantizar que estas reformas, que considera fundamentales para la transformación del país, sean discutidas y aprobadas con la participación activa de la ciudadanía.
El anuncio ha generado diversas reacciones en el espectro político, con sectores que respaldan la iniciativa como una expresión de la democracia participativa, mientras que otros critican la medida al considerarla un intento por sortear los mecanismos legislativos establecidos.
