Un total de 2.588 mujeres lesbianas y transexuales han denunciado abusos por su orientación sexual, identidad o expresión de género en Chile desde 2002, de los cuales 33 corresponden a crímenes de odio, según datos compartidos este viernes por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).
Solo en 2024, la entidad registró 118 atropellos lesbo o transbofóbicos contra mujeres lesbianas, bisexuales, pansexuales y transexuales.
“Desde que comenzamos a catastrar todas las denuncias, hemos reportado asesinatos, agresiones físicas y verbales, violencia intrafamiliar y abusos en espacios laborales y educacionales, entre otros”, alerta la vocera de Movilh, Javiera Zúñiga.
En 2016 el Estado de Chile firmó, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) con la organización, pero Zúñiga denuncia que hasta la fecha “ha sido incapaz de cumplir con los compromisos asumidos”.
En dicho acuerdo, detalla el comunicado de la entidad, el Estado se comprometía a “incluir dentro de las políticas orientadas a la mujer a las personas lesbianas, bisexuales y transexuales con el fin de responder a las necesidades de estos grupos”.
Para hacerlo, tenía previsto rediseñar el Programa de Salud Sexual y Reproductiva a fin de que integrara a todas las personas con distintas orientaciones sexuales e identidades de género, a lo largo del ciclo de vida.
Chile también acordó “promover políticas y programas que reconozcan la diversidad de mujeres que habitan el país. La orientación sexual y la identidad de género de éstas serán consideradas como criterios relevantes para la formulación de reformas normativas y de las políticas públicas definidas por el Ministerio y ejecutadas por el Servicio de la Mujer y la Equidad de Género”.
“Todas estas políticas debieron haber sido implementadas en coordinación con el Movilh y en el marco de mesas de trabajos con todas las organizaciones LGBTIQ+ interesadas en la materia, nada de lo cual ha ocurrido”, reclama Zúñiga.
A su juicio, la gran cantidad de denuncias registradas por Movilh durante los últimos años “no han sensibilizado al Estado para cumplir con sus compromisos, lo cual es tan lamentable como repudiable”.
“Hemos informado de todas estas faltas a la CIDH y estamos a la espera de que vuelva a insistir ante Chile en la necesidad de que cumpla sus compromisos”, concluye la organización.
