La ministra chilena de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, alertó este jueves de la existencia de un “mercado clandestino” del aborto en Chile, donde interrumpir el embarazo solo es legal desde 2017 en caso de riesgo vital de la gestante, inviabilidad fetal o violación.
“No tenemos muertes por aborto clandestino, pero sí tenemos un mercado clandestino en donde las mujeres que tienen recursos acceden a información y salud y las que no (tienen recursos) compran por internet (productos para interrumpir el embarazo). Esa es la realidad”, aseguró Orellana a la radio local Duna.
Sus declaraciones llegan cuando Chile se encuentra a la espera del proyecto de ley de aborto libre sin causales, una de las grandes promesas del presidente, Gabriel Boric, que inicialmente iba a ser presentado a finales de 2024 pero que fue postergado por “motivos técnicos y políticos”, según anunció en diciembre el Gobierno.
Orellana dijo este jueves que el Ejecutivo quiere que el proyecto “se debata ampliamente” y “sin vetos” en el Parlamento, donde la izquierda oficialista no tiene mayoría, pero aclaró que no presentará la iniciativa legislativa hasta que no esté listo “el nuevo protocolo de las tres causales”.
El Ministerio de Salud ingresó a la Contraloría General de la República el pasado mayo una propuesta para modificar el reglamento sobre objeción de conciencia.
Tanto organizaciones feministas como la misma ministra Orellana han reconocido en diversas ocasiones que hay pocas posibilidades de que el proyecto de aborto libre se apruebe, pero abogan igualmente por promover y ampliar el debate a la mayoría de espacios posibles.
La actual ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) se aprobó en 2017, durante segundo mandato de Michelle Bachelet, tras años de lucha de las organizaciones con el objetivo de reconquistar este derecho penalizado completamente por Pinochet en 1989.
Pese al avance que supuso, los obstáculos en su implementación y el estigma social persistente hacen que muchas mujeres prefieran seguir interrumpiendo sus embarazos clandestinamente.
El Instituto Guttmacher, uno de los únicos que tiene datos al respecto, estima que en Chile se producirían entre 60.000 y 300.000 abortos clandestinos anualmente, cifra que contrasta con los 5.631 que se han constituido bajo la ley IVE durante los últimos siete años.
