El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, respaldado por las Naciones Unidas, calificó las recientes reformas a la Constitución del país como una “sentencia de muerte para el Estado de Derecho y las libertades fundamentales”. La reforma, aprobada esta semana por la Asamblea Nacional controlada por el régimen de Daniel Ortega, ha sido descrita como un paso hacia el fortalecimiento absoluto del poder del gobierno sobre el judicial, el legislativo y el electoral.
Reed Bródy, abogado húngaro y miembro del grupo de expertos, subrayó que con esta enmienda constitucional, la dictadura sandinista consolidó su control total de las instituciones del Estado, dejando a los ciudadanos sin recursos para proteger sus derechos. “Este es un golpe mortal al sistema democrático y una violación flagrante de los principios que defienden los derechos humanos”, afirmó Bródy.
La reforma, que modifica la estructura de la presidencia, introduce la figura de copresidente y copresidenta, ampliando de cinco a seis años el período presidencial. Asimismo, otorga al Ejecutivo poderes para coordinar todos los demás poderes del Estado y designar a los magistrados judiciales y electorales. Esta medida ha sido vista como un intento de eliminar cualquier oposición política, ya que excluye de las candidaturas presidenciales a líderes opositores desterrados y desnacionalizados.
El Grupo de Expertos, creado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2022 para investigar las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, también advirtió que la reforma oficializa el cierre del espacio cívico y refuerza la capacidad del gobierno para suspender derechos fundamentales y usar fuerzas paramilitares para reprimir cualquier disidencia.
El régimen de Ortega, que regresó al poder en 2007, ha impulsado una serie de reformas constitucionales para afianzar su permanencia en el poder, incluyendo la eliminación de los límites a la reelección presidencial. La última modificación, que se completará el 30 de enero, confirma el control absoluto del régimen sobre las instituciones clave del país, cerrando aún más el camino hacia un futuro democrático en Nicaragua.
