A partir del 1 de enero de 2025, los residentes de Florida no podrán acceder a PornHub, luego de que la plataforma anunciara su bloqueo en respuesta a la nueva ley estatal que exige verificación de edad con identificación gubernamental válida.
Con esta medida, Florida se convierte en el decimotercer estado en perder acceso a la popular página de contenido para adultos, uniéndose a Texas, Utah, Arkansas, Virginia, Montana, Carolina del Norte, Mississippi, Idaho, Indiana, Kansas, Kentucky y Nebraska, que ya cuentan con regulaciones similares.
La ley HB3, firmada por el gobernador Ron DeSantis el 25 de marzo, busca evitar que menores de edad accedan a material explícito en línea, obligando a los sitios web para adultos a implementar sistemas de verificación de edad.
Polémica en aumento
La decisión de PornHub ha reavivado el debate sobre la privacidad digital y la censura en internet. Organizaciones como la ACLU y la Free Speech Coalition han criticado la legislación, argumentando que impone restricciones innecesarias a los adultos y pone en riesgo la privacidad de los usuarios.
Según Aylo, empresa propietaria de PornHub, este tipo de regulaciones ha demostrado ser ineficaz en otros estados, ya que los usuarios simplemente migran a plataformas no reguladas que carecen de controles de seguridad y moderación de contenido.
Por su parte, Chase Tramont, representante estatal y promotor de la ley, defendió la normativa afirmando que “la negativa de PornHub a cumplir con la ley deja en evidencia cuál es su verdadera audiencia objetivo”.
Mientras tanto, la Free Speech Coalition ha presentado una impugnación legal contra la ley de Florida, argumentando que impone una carga excesiva sobre los adultos que desean acceder a contenido legal sin ser sometidos a vigilancia estatal.
¿Qué decidirá la Corte Suprema?
El futuro de este tipo de leyes dependerá en gran medida de la Corte Suprema de EE.UU., que en junio emitirá un fallo clave sobre la constitucionalidad de la verificación de edad obligatoria en sitios web para adultos.
El debate sigue abierto: mientras algunos defienden la medida como una necesidad para proteger a los menores, otros la ven como un peligro para la privacidad y la libertad de expresión en la era digital.
