El Tribunal Supremo español anunció este martes el archivo de la investigación al líder independentista catalán Carles Puigdemont por un presunto delito de terrorismo en el conocido como caso “Tsunami”, después de que el juez que dirigía la instrucción cometió un error con los plazos.
“La magistrada ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa”, explicó el Tribunal Supremo en un comunicado.
Puigdemont sigue imputado por malversación y por alta traición, dos delitos que de momento no están declarados cubiertos por la ley de amnistía a los independentistas catalanes impulsada por el Gobierno socialista de Pedro Sánchez, y aprobada en mayo por el Congreso.
Las partes tienen tres días para recurrir la decisión de la magistrada del Tribunal Supremo.
La causa archivada estaba centrada en las protestas que se vivieron en Cataluña en el año 2019 contra las sentencias condenatorias de varios dirigentes independentistas por la tentativa fallida de secesión de dos años antes.
Aquellas protestas, en la que los manifestantes intentaron tomar el aeropuerto de Barcelona y se produjeron duros enfrentamientos con la policía y destrozos, estaban coordinadas por una plataforma digital anónima llamada Tsunami Democrático, tras la cual el juez sospechaba que estaban Puigdemont y otros líderes independentistas.
El juez incumple el plazo
El 30 de julio de 2021, un día después de lo permitido, el juez de la causa Tsunami, Manuel García Castellón, decidió extender el plazo de instrucción, una decisión que fue recurrida por una de las personas investigadas.
Un tribunal de Barcelona le dio la razón a la investigada y obligó al juez a decidir si iba a juicio con los elementos con que contaba hasta el 29 de julio de hace tres años o archivaba la causa.
García Castellón decidió el lunes tirar la toalla y archivar el caso.
“Me resulta sorprendente que un magistrado de la experiencia y la ‘mala leche’ [mala intención] de García Castellón haya cometido tan estúpido error”, ironizó Puigdemont este martes en la red social X.
El dirigente secesionista se fue de España en 2017 tras el fracaso de la tentativa independentista, eludiendo a la justicia española. La mayoría de sus compañeros de Gobierno regional en aquel movimiento fueron condenados y posteriormente indultados por Sánchez.
Para cubrir a los más de 400 independentistas juzgados o encausados en estos últimos años, se aprobó luego la polémica ley de Amnistía, que fue el precio que pagó Pedro Sánchez para ser reelegido como presidente del Gobierno en noviembre, gracias al apoyo de los 14 diputados de los partidos independentistas catalanes.
Durante su tramitación, varios jueces mostraron sus reticencias frente a la amnistía, muy criticada por la oposición de derecha y de extrema derecha que la consideran inconstitucional y que podría ser recurrida ante la justicia europea.
Puigdemont dijo que volvería a España si podía ser investido de nuevo presidente catalán tras las elecciones regionales del 12 de mayo, pero no cuenta de momento con los apoyos necesarios -su partido quedó segundo- y sigue siendo objeto de una orden de captura por los presuntos delitos que pesan sobre él.
