Estados Unidos anunció este miércoles que no renueva la licencia 44 que alivia las sanciones al petróleo y gas de Venezuela para castigar al presidente Nicolás Maduro por haber impedido que “la oposición democrática” se presente a las elecciones y detenido a políticos y activistas.
“Después de una revisión minuciosa de la situación actual en Venezuela, Estados Unidos determinó que Nicolás Maduro y sus representantes no han cumplido plenamente los compromisos asumidos en el acuerdo de hoja de ruta electoral”, firmado con la oposición en octubre pasado, afirma el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.
Por lo tanto la licencia general 44, que autoriza la producción y venta de petróleo y gas, “vencerá a las 0H01 del 18 de abril”, añadió en un comunicado.
Pero la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro, emitió otra licencia, la 44A, que la reemplaza para “la liquidación de transacciones” pendientes “antes del 31 de mayo”.
El gobierno del presidente Joe Biden reconoce que “Maduro y sus representantes” han cumplido algunos compromisos pero le preocupa que “impidieran que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil”, afirma Miller.
Las autoridades venezolanas han fijado un calendario electoral y aceptado misiones de observación internacionales en las elecciones del 28 de julio, en las que Maduro se presenta a un tercer mandato.
Pero la principal rival del chavismo, María Corina Machado, sigue inhabilitada y Corina Yoris, nominada por ella para sustituirla en los comicios, también ha sido vetada.
Washington también está preocupado por los siete miembros del equipo de campaña de Machado detenidos y otros tantos bajo órdenes de arresto.
– Incumplir “lo acordado” –
“Esta es la consecuencia de haber incumplido su parte de lo acordado”, declaró a la AFP Machado, que denuncia “una ola represiva brutal”.
Con todo Estados Unidos evita dar un portazo y romper con Caracas.
La OFAC “considerará solicitudes de licencias específicas para continuar las actividades más allá del final del período de liquidación, caso por caso”, asegura Miller.
El ministro venezolano de Petróleo, Pedro Tellechea lo da por sentado.
“Estamos disponibles, dispuestos a seguir avanzando con todas las empresas trasnacionales que quieran venir”, reiteró.
Estas licencias a multinacionales como la francesa Maurel & Prom, la española Repsol o la italiana Eni “mantendría a Maduro interesado” en una negociación, declaró recientemente a periodistas Francisco Monaldi, director del Programa Latinoamericano de Energía del Instituto Baker, en la Universidad de Rice, Texas, en un momento en el que Estados Unidos y Europa buscan fuentes de energía para paliar los efectos de la guerra en Ucrania.
La reactivación de sanciones al sector energético “no debe verse como una decisión final en la que ya no creemos que Venezuela pueda celebrar elecciones competitivas e inclusivas”, afirmó un funcionario estadounidense que ha pedido el anonimato en rueda de prensa telefónica.
Estados Unidos seguirá “interactuando con todas las partes”, incluidos “los representantes de Maduro, la oposición democrática, la sociedad civil y la comunidad internacional”, añadió.
Y es que Washington parte de la base de que el Acuerdo de Barbados es el único camino viable para conseguir progresos electorales.
– Sin “demoras” –
“Nuevamente hacemos un llamado a Maduro para que permita que todos los candidatos y partidos participen en el proceso electoral y libere a todos los presos políticos sin restricciones ni demoras”, insistió Miller.
El gobierno de Maduro hasta ahora no ha dado su brazo a torcer.
La producción de Venezuela se sitúa en torno a los 800.000 barriles diarios, tras tocar piso a mediados de 2020, cuando se desplomó por debajo de los 400.000, pero está lejos de los tres millones que alcanzaba hace 15 años.
El embargo al petróleo y el gas de Venezuela fue impuesto en 2019 como parte de una batería de sanciones para intentar provocar la caída de Maduro tras las elecciones de 2018, consideradas fraudulentas por Washington.
El gobierno de Biden, que ya reimpuso sanciones al oro venezolano, ha sopesado varios aspectos para decidir si revertía la flexibilización al embargo petrolero a menos de siete meses para las elecciones presidenciales de Estados Unidos, pero solo uno parece haber sido determinante.
“Nos centramos en las circunstancias políticas de la situación en Venezuela”, afirmó un funcionario.
La migración es uno de los temas centrales de los comicios estadounidenses de noviembre y Venezuela es un punto en rojo, con más de siete millones de personas que dejaron el país desde 2014, según la ONU.
La reimposición de sanciones no afecta a licencias anteriores, como la otorgada en 2022 al gigante estadounidense Chevron para operar en Venezuela y cobrar con crudo deudas pendientes.
