El expresidente de Colombia Álvaro Uribe aseguró que el juicio al que fue llamado por presunta manipulación de testigos responde a “venganzas políticas”, en medio de la tormenta que desató el lío judicial que lo envuelve.
“Este juicio lo adelantan por persecuciones políticas, por animadversiones personales, por venganzas políticas, sin pruebas que permitieron inferir que yo buscaba sobornarles (a testigos) o engañar a la justicia”, aseguró el miércoles el exmandatario (2002-2010), considerado como el político más influyente de este siglo en el país.
El expresidente de derecha terminó enredado en un giro insospecchado de la justicia “como presunto determinador de los delitos de soborno a testigos y fraude procesal”, según el escrito de acusación.
En 2012, cuando era congresista, presentó una denuncia contra el senador de izquierda Iván Cepeda por un supuesto complot en su contra apoyado en testimonios falsos para vincularlo a él y su hermano Santiago Uribe con grupos paramilitares de ultraderecha.
Pero la Corte Suprema se abstuvo de enjuiciar a Cepeda y en cambio decidió abrir en 2018 la investigación contra Uribe bajo la misma sospecha: manipular testigos contra su opositor.
Uribe presuntamente trató de enlodar a Cepeda con la acusación de que había contactado a exparamilitares presos para que lo involucraran en actividades criminales.
En agosto de 2020, los jueces ordenaron el arresto domiciliario de Uribe mientras avanzaban en su investigación. Pero el astuto político renunció al Senado y el caso quedó en manos de la fiscalía, que levantó la orden de captura. Pero tras un largo proceso anunciado el martes el juicio.
Antes de que llegue ese momento, el expresidente tendrá una audiencia preparatoria y otra de acusación, que según el abogado de uno de los testigos se iniciará el 17 de mayo.
Debido a una “congestión” de casos en el sistema judicial, el proceso podría demorarse “tranquilamente entre dos y tres años”, explicó a la AFP el abogado penalista Francisco Bernate.
Su defensa asegura que el caso puede prescribir el 9 de octubre de 2025 si no se dicta un fallo antes.
Venganza paramilitar
Basado en testimonios de exparamilitares, Cepeda ha denunciado durante más de una década los supuestos vínculos de Uribe con la creación de un grupo de autodefensa llamado Bloque Metro. El expresidente lo demandó y ahí arrancó uno de los procesos más sonados en la historia del país.
El expresidente insistió este miércoles en su inocencia y denunció vicios en el proceso por el que se expone a una pena de hasta ocho años de cárcel.
Según Uribe, algunos exparamilitares han admitido que detrás de sus testimonios había un deseo de “venganza”. En 2006 unos 30.000 miembros de esos escuadrones se desmovilizaron tras acordar con su gobierno el sometimiento a una jurisdicción especial.
Pero el entonces mandatario extraditó a Estados Unidos sorpresivamente a varios jefes paramilitares, bajo la acusación de que seguía traficando cocaína después de dejar las armas.
Organizaciones de víctimas y defensoras de los derechos humanos exigen su regreso a Colombia para que esclarezcan sus múltiples y atroces delitos, así como los vínculos con políticos y empresarios.
“Ficción”
Los líos de Uribe ante la justicia coinciden con el duro golpe que recibió la derecha al ser derrotada en las elecciones presidenciales de 2022 por el presidente Gustavo Petro, su histórico adversario.
El mandatario aseguró en un mensaje en X que su “gobierno no perseguirá ni perseguirá a la oposición y se mantendrá lejos de cualquier intervención en los procesos de la justicia”.
Según Uribe, su llamado a juicio también “da señales para la motivación de un acuerdo de paz total o para una ley de punto final”.
“Que le perdonen a los delincuentes como lo hicieron con las FARC y lo justifican con la ficción de perdonar a quienes no hemos delinquido”, añadió.
La guerrilla de las FARC firmó en 2016 un histórico acuerdo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-18) que permitió desmovilizar al grueso de sus filas, un pacto criticado por Uribe pues lo considera indulgente con los rebeldes.
Bajo su política de “Paz total”, Petro aspira desactivar seis décadas de conflicto armado por medio de negociaciones y diálogos con todos los grupos armados.
