El creciente descontento contra el impuesto al carbono, una medida prioritaria para el gobierno canadiense, ha llevado a que al primer ministro liberal Justin Trudeau le cueste cada día más imponer su política de “quienes contaminen deben pagar”.
El aumento de la inflación y el auge de la oposición conservadora, que promete eliminar este impuesto si regresa al poder, han debilitado la política ambiental que el gobierno impulsa desde 2019.
En los últimos meses, el propio primer ministro ha dado muestras de debilidad, al autorizar una excepción para la calefacción de gasóleo durante tres años.
El impuesto al carbono es la principal medida adoptada por su gobierno para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) entre 40% y 45% para 2030, como se comprometió a hacerlo en el acuerdo climático de París de 2016.
Desde el 1 de abril el impuesto a la tonelada de carbono pasará de 65 a 80 dólares canadienses (de 48 a 59 dólares estadounidenses). Se prevé que el precio de la gasolina aumente entonces en tres centavos de dólar canadiense (algo menos de dos centavos de dólar estadounidense).
Siete provincias han pedido suspender o cancelar la medida.
La de Terranova, controlada sin embargo por un aliado de Trudeau, reclamó esperar “al menos hasta que la inflación se estabilice”.
Este descontento beneficia al principal oponente del primer ministro liberal para las elecciones de octubre de 2025, el conservador Pierre Poilievre, que ha hecho de la eliminación del impuesto al carbono uno de sus principales argumentos de campaña.
– “El medio más eficaz” –
La oposición ha convertido el caso de la fábrica de hongos de Osgoode, Ontario, en símbolo de los supuestos desastres causados por la política de Trudeau.
Su responsable, Mike Medeiros, señaló que no podrá hacer frente al aumento de 23% del impuesto al carbono.
La empresa, que emplea a 160 personas y produce 90 toneladas de setas cada semana, es un gran consumidor de gas natural.
