Buenos Aires, Argentina.- En las farmacias de Argentina la gente consulta el precio del medicamento y no lo compra, incluso antibióticos. Unos abandonen sus tratamientos contra la hipertensión o el colesterol. Otros dejaron de recibir del Estado medicamentos cruciales para sobrevivir mientras el gobierno audita el sistema asistencial.
La caída de las ventas de 10 millones de medicamentos en enero, 70% en recetados, revela otra cara de la crisis donde el cuidado de la salud se volvió un lujo.
“Entre comer y comprar el remedio, la gente elige comer”, razona la farmacéutica Marcela López detrás del mostrador de una farmacia en Buenos Aires. Los que no pueden pagar un antibiótico, sobrellevan el dolor con ibuprofeno.
Un caso similar es el de Viviana Bogado, cuyo hijo Daniel, de 16 años, necesita antibióticos y dieta especial.
“Tengo que comprarle una leche que cuesta tres veces más cara que la común, más antibióticos y digestivos. Tuve que elegir, o su tratamiento o el mío para el colesterol”, relata la cocinera de 53 años.
Desde que afirmó el presidente ultraliberal Javier Milei en diciembre, los medicamentos aumentaron un 40% por encima de la inflación, que al 254% interanual es de las más altas del mundo y golpea con un nivel de pobreza superior al 50%.
Rubén Sajem, director del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos, explicó a la AFP que “hasta el año pasado había un acuerdo entre el gobierno y los laboratorios para que los precios se moderen”.
Pero estos acuerdos fueron abandonados, así como “las regulaciones y controles que hacía la secretaría de Comercio”.
La caída de ventas no refleja del todo a los pacientes crónicos que recortan tratamientos por el alza de precios. “Se están comprando unidades más pequeñas y esa es una situación dramática que no mide la estadística”, agregó Sajem.
“Así, por ejemplo, quien toma un medicamento diario para la hipertensión, compra un blister de 10 comprimidos y cree que tomándolo salteado está a salvo. La realidad es que no le sirve, tarde o temprano su salud se agravará y terminará en un gasto alcalde, incluso para el sistema sanitario”, advirtió.
- “No hay plata” –
Los más golpeados son jubilados y trabajadores informales, que representan cerca del 40% del mercado laboral.
Para los primeros, cuyos ingresos cayeron en febrero un 32,5% interanual, el sistema estatal les entrega ciertos medicamentos gratis, en otros les cubre entre el 50% y el 80% del costo.
Pese a ello a Graciela Fuentes, de 73 años y jubilada gastronómica, se le hace cuesta arriba tratar su artritis.
“Tomo cinco remedios, dos me los dan gratis, gasto 85.000 pesos por mes (unos 100 dólares) casi un tercio de mi jubilación. No hay plata”, dice irónicamente, parafraseando a Milei cuando justifica el feroz ajuste del gasto público, cuyo principal El renglón de ahorro en enero fueron jubilaciones y pensiones (33%), según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).
Para Juan Carlos Orellana, albañil y cuentapropista de 55 años, el escenario es desolador. Aunque puede atenderse gratis en el hospital público, no tiene descuentos en los medicamentos.
“Mi señora está usando bastante medicación para el dolor por problemas de cadera y columna, la tienen que operar”, explica a la AFP.
Por eso acude al Banco Comunitario de Medicamentos de la Fundación Tzedaká, una entidad judía que entrega medicamentos gratis a población vulnerable a razón de 50.000 personas al año.
“Me ayuda económicamente un montón, estoy sin trabajo y muy agradecido, no tengo palabras”, dice tras recoger la medicación.
El director del Banco, Fabián Furman, afirma que “se nota un incremento en la solicitud de ayuda”, pero recuerda que esta se entrega solo por tres meses, “para agrandar el abanico de personas” que la recibe.
- “Pablo no tiene tiempo” –
Pablo Riveros tiene 20 años y cuenta los días. Cada dos semanas debe inyectarse tres ampollas de las que dependen su vida. Padece HPN (Hemoglobinuria Paroxística Nocturna), una rara enfermedad que destruye los glóbulos rojos para la que no hay cura, pero sí tratamiento.
Pero el tratamiento cuesta 42.000 dólares al mes, imposible para su madre, una costurera a carga de otros seis hijos.
“Me produco anemia crónica, sangrado por cualquier vía, mucho cansancio”, cuenta Riveros, que no está paralizado por la enfermedad: pinta, toca el piano y va a la universidad.
Desde marzo de 2023, al mes de ser diagnosticado, comenzó a recibir la medicación del Estado mediante un programa de asistencia social.
La última vez que la recibió fue en noviembre “y ahora la medicación ya se me acabó”, dice.
Su madre, Estela Coronel, cuenta que “la última solicitud fue un préstamo de un hospital que tenía una dosis de un paciente fallecido”. Mientras tanto, los días siguen corriendo.
La familia presentó un recurso de amparo. “La respuesta fue que el Estado no nos está negando la medicación, pero que tenemos que esperar que termine la auditoría porque para ellos hay corrupción en todos lados”.
El problema es que “Pablo no tiene tiempo”, dice la madre.
El gobierno promovió una auditoría del programa que depende del Ministerio de Capital Humano y asiste con medicamentos a pacientes como Riveros o que padecen cáncer, epilepsia o VIH, entre otras enfermedades.
El portavoz presidencial, Manuel Adorni, aseguró el viernes pasado que “jamás se cortó la entrega” de medicamentos.
“Es doloroso porque uno siente que se burlan en la cara, no me pueden negar algo que estamos viviendo”, comenta Coronel.
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