El acuerdo de reformas migratorias “más duro” en décadas en Estados Unidos restringe el flujo de migrantes en la frontera con México, pero para aplicarse necesita la luz verde del Congreso.
Estas son las claves de este pacto negociado por la administración del presidente demócrata Joe Biden con un grupo bipartidista de senadores.
Recibirá 20.000 millones de dólares si pasa la criba del Senado y de la Cámara de Representantes, cuyo presidente, el republicano Mike Johnson, lo da por “muerto”.
Restricción de cruces
El proyecto de ley establece una “Autoridad de Emergencia Fronteriza”, que permite al presidente y al secretario de Seguridad Nacional prohibir temporalmente que las personas soliciten asilo, con excepciones limitadas, cuando la frontera con México esté colapsada.
Pueden restringir los cruces fronterizos si la media diaria de migrantes alcanza los 4.000 en una semana, pero estarán obligadas a prohibirlos si sobrepasan un promedio de 5.000 al día -en un periodo de siete consecutivos- u 8.500 en una sola jornada.
Sólo se podrá usar 270 días durante el primer año, 225 días el segundo y 180 el tercero. Después de tres años dejará de existir.
Biden afirma que le permite cerrar la frontera cuando esté “colapsada”, pero Greg Chen, directivo de la Asociación de Abogados de Inmigración Americana (AILA) lo niega.
“Los puertos de entrada permanecerán abiertos” y podrán acceder las personas con pasaportes y visas estadounidenses y al menos 1.400 solicitantes de asilo por día, afirmó este lunes durante un debate.
La medida no está exenta de riesgos.
A largo plazo es probable que se fomente “más crimen y violencia en la frontera en lugar de mejorar el orden y la seguridad debido a que los solicitantes de asilo seguirán llegando y esperarán allí”, explica.
“Tampoco está claro que vaya a ser un elemento disuasorio eficaz”, dice Chen, porque no dejarán de querer venir y muchos lo harán sin saber si está abierta o cerrada.
Agilizar proceso
El acuerdo endurece el estándar de las llamadas entrevistas de miedo creíble, en las que se evalúa si existe una posibilidad de que la persona sea perseguida o torturada si regresa a su país. Los migrantes tendrán que demostrar que tienen una “posibilidad razonable” de que se les conceda.
Quedarían descartados aquellos que tengan antecedentes penales.
Además los funcionarios de asilo podrán conceder la solicitud cuando evalúen a la persona si consideran que el caso es claro.
Y si la persona quiere apelar puede hacerlo ante una junta compuesta por funcionarios de asilo. La idea es asignarles bastantes más recursos para no tener que recurrir al sistema judicial federal.
El proyecto de ley reduce el proceso de solicitud de los 5 a 7 años actuales a seis meses. ¿Un objetivo realista? “No sucederá de la noche a la mañana. Llevará mucho tiempo implementar esto”, prevé Chen.
Los solicitantes de asilo estarán autorizados a trabajar en cuanto superen la evaluación de protección, para así reducir la presión sobre las ciudades que los acogen.
En la actualidad tienen que esperar 180 días a partir del momento en el que presentan la solicitud de asilo.
Unidad familiar
Por primera vez en más de tres décadas, aumenta el límite del número de visas de inmigrante disponibles anualmente al añadir 250.000 visados durante 5 años (50.000/año).
De ellas 160.000 serán familiares para priorizar la reunificación y las otras, de empleo.
Para apoyar la unidad familiar, el proyecto de ley permite que algunos extranjeros puedan viajar a Estados Unidos con una visa de visitante temporal para reunirse con sus parientes.
Además autoriza trabajar a aproximadamente 25.000 titulares de visas de no inmigrante (prometido o cónyuge e hijos de ciudadanos estadounidenses) por año, y unas 100.000 para parejas e hijos con visas de algunos trabajadores calificados.
Agiliza asimismo el proceso para el estatus permanente de los aproximadamente 76.000 afganos que entraron al país bajo la Operación Bienvenidos Aliados y sus familias.
¿Qué le falta?
“Este es el enfoque equivocado. Pero es un comienzo y es importante”, afirmó en el debate Andrea R. Flores, vicepresidenta de políticas y campañas migratorias de la oenegé FWD.us.
Jeremy Robbins, director ejecutivo del Consejo Estadounidense de Inmigración, echa en falta “invertir en las causas fundamentales” de la migración, destinar más dinero a las ciudades que albergan a los migrantes y otorgar más permisos de trabajo porque los adicionales “no son suficientes” para cubrir las necesidades de la economía.
Para Chen también es fundamental proteger a los soñadores o “dreamers”, como se conoce a los jóvenes que llegaron a Estados Unidos de niños. En este punto “es donde estas conversaciones deben continuar”.
