El gobierno británico quiere ampliar el uso del reconocimiento facial en las cámaras de vigilancia, tras comprobar su eficacia, lo que ha suscitado preocupación en sectores que temen se pueda llegar a una vigilancia extrema.
La instalación de una cámara de prueba durante una jornada, en diciembre, cerca de la estación de Croydon, en el sur de Londres, permitió a la policía detener a diez sospechosos, mediante la utilización de la inteligencia artificial, en casos de amenazas de muerte, fraude bancario, robo o posesión de una ballesta.
Utilizado durante el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 o la coronación de Carlos III en mayo, el reconocimiento facial se considera una “alta prioridad” para el gobierno, como declaró en octubre el secretario de Estado de Policía, Chris Philp, destacando el “alto potencial” de esta tecnología.
El despliegue de este nuevo método de identificación “condujo a detenciones que de otro modo habrían sido imposibles”, añadió.
La voluntad del gobierno escandalizó a algunos diputados, de diferentes tendencias, que quieren que se tomen medidas reguladoras para evitar abusos.
“El reconocimiento facial implica el procesamiento masivo de datos biométricos sensibles de un enorme número de personas, a menudo sin su conocimiento”, escribieron en una carta, considerándolo como “un grave riesgo para los derechos del público”.
Resultados falsos
Estos diputados sostienen que resultados erróneos condujeron a más de 65 intervenciones policiales infundadas, incluida la detención de un escolar de 14 años.
El joven fue rodeado por la policía y le tomaron las huellas dactilares, antes de liberarlo.
Los parlamentarios también destacan los riesgos asociados al uso de esta tecnología en espacios privados, afirmando que algunas personas podrían verse disuadidas de realizar compras esenciales, como alimentos, o incluso ser objeto de intervenciones intrusivas o llegar a enfrentamientos con agentes de seguridad.
El año pasado, el propietario de la cadena de equipamiento deportivo Sports Direct defendió el uso del reconocimiento facial, afirmando que permitió reducir los robos y los actos violentos contra el personal de los comercios.
“Documentos de identidad ambulantes”
Del lado de los defensores de los derechos civiles, Mark Johnson, de la organización Big Brother Watch, ve el reconocimiento facial como “una herramienta de vigilancia masiva que nos convierte a todos en documentos de identidad ambulantes”.
Los opositores a su despliegue argumentan que deja demasiadas herramientas sin control en manos de la policía, a quien la ley recientemente otorgó mayores poderes para realizar arrestos durante las protestas.
La preocupación se centra en particular en la falta de control sobre la forma en que la policía elabora sus listas de vigilancia, en las que, según los críticos del reconocimiento facial, se incluye a manifestantes o personas que padecen problemas psicológicos, sin que sean sospechosas de la más mínima infracción.
Estas herramientas requieren “un control jurídico y técnico para poder utilizarlas de forma responsable y ética”, declara a la AFP un activista contrario a su despliegue, que pide el anonimato.
Las fuerzas de seguridad aseguran que los datos de cualquier persona que no esté en una lista de vigilancia se eliminan de forma inmediata y automática.
El Ministerio del Interior insiste en que la ley actual regula estrictamente el uso de esta tecnología.
En junio de 2023, el Parlamento Europeo pidió la prohibición de los sistemas automáticos de reconocimiento facial en lugares públicos.
En el Reino Unido, los parlamentarios que se oponen quieren ir aún más lejos. “El reconocimiento facial nunca ha recibido la aprobación explícita del Parlamento”, afirmó el diputado conservador David Davis.
“Es una herramienta de vigilancia masiva” que “no tiene cabida” en el Reino Unido, añadió.
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