Tribunal electoral de Guatemala se mantiene firme ante pedido de anulación de elecciones

Tribunal electoral de Guatemala se mantiene firme ante pedido de anulación de elecciones

El tribunal electoral de Guatemala insistió el viernes en que los resultados de las elecciones ganadas por el candidato anticorrupción Bernardo Arévalo eran “inmutables”, mientras la fiscalía buscaba anularlos en medio de acusaciones de “intento de golpe”.

Arévalo, un outsider político que asumirá el cargo el 14 de enero, ha enfrentado una avalancha de desafíos legales desde su sorpresiva victoria electoral en la segunda vuelta en agosto, incluidos intentos de suspender su partido político y evitar que asuma el poder.

El triunfo del hombre de 65 años y su promesa de luchar contra la corrupción son ampliamente vistos en Guatemala como alarmantes para la élite política del establishment.

El viernes, la fiscal Leonor Morales dijo que las investigaciones concluyeron que la elección de Arévalo, su vicepresidente y los parlamentarios fue “nula de pleno derecho” debido a “anomalías” en el conteo en la primera vuelta de junio.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) respondió diciendo que “los resultados están validados, formalizados e inmodificables”.

La presidenta del TSE, Blanca Alfaro, dijo a los periodistas que los funcionarios electos deben asumir sus funciones en enero como estaba previsto o de lo contrario habría “una ruptura del orden constitucional”.

En Washington, la secretaría de la Organización de Estados Americanos en un comunicado dijo que “condena el intento de golpe de Estado por parte del Ministerio Público de Guatemala”.

Añadió: “el intento de anular las elecciones generales de este año constituye la peor forma de ruptura democrática y la consolidación de un fraude político contra la voluntad del pueblo”.

La OEA instó al presidente saliente Alejandro Giammattei, a las cortes constitucional y suprema y al Congreso “a defender las instituciones y el orden constitucional del país tomando acciones contra los autores de este ataque con el fin de preservar la democracia en Guatemala”.

– “Golpe en curso” –

Arévalo ha denunciado un “golpe de estado en curso” por parte de las instituciones del país lideradas por la fiscal general Consuelo Porras y el fiscal superior Rafael Curruchiche.

Porras, Curruchiche y el juez Fredy Orellana, que había ordenado la suspensión del partido Semilla de Arévalo, están todos en una lista estadounidense de “actores corruptos”.

Curruchiche estuvo presente en la rueda de prensa de este viernes y afirmó que “se debe anular la información que quedó registrada en el acta de cierre y escrutinio en todas las mesas electorales”.

Esta “información criminal” sería presentada al TSE, dijo, para una decisión final.

El tribunal ya certificó la elección de Arévalo, pero el mes pasado suspendió a su partido por segunda vez por supuestas irregularidades en su registro. Esa investigación la lidera Curruchiche.

El viernes, el juez Alfaro dijo que la fiscalía no tenía autoridad para obligar al TSE a anular una elección.

Esto sólo podría hacerse mediante una orden del Tribunal Constitucional.

“Nuestro presidente es… Bernardo Arévalo y nuestra vicepresidenta Karin Herrera”, dijo Alfaro.

Las medidas contra Arévalo y Seed han provocado protestas masivas de guatemaltecos exigiendo la renuncia de los tres funcionarios.

El jueves, el propio presidente electo encabezó una protesta anticorrupción de miles de personas en la capital, Ciudad de Guatemala.

Arévalo logró una gran sorpresa al avanzar a la segunda vuelta después de una primera vuelta marcada por la apatía entre los votantes.

La pobreza, la violencia y la corrupción empujan a miles de guatemaltecos cada año al extranjero en busca de una vida mejor, muchos de ellos a Estados Unidos.

Estados Unidos, la Unión Europea, la ONU y la Organización de Estados Americanos han expresado su preocupación por los acontecimientos en Guatemala.

El país de 17,6 millones de habitantes es uno de los más pobres de América Latina, con altas tasas de delitos violentos.

Los grupos de derechos humanos han expresado cada vez más preocupación por lo que dicen son esfuerzos para reprimir a fiscales y periodistas en un aparente intento del gobierno de proteger un sistema corrupto que beneficia a quienes están en el poder.