El Consejo de Seguridad de la ONU debatió este viernes con carácter “urgente” la controversia entre Venezuela y Guyana por el Esequibo, un territorio rico en petróleo que se disputa hace más de un siglo y que preocupa a la comunidad internacional.
La reunión -a pedido de Guyana- se realizó a puertas cerradas y finalizó sin declaraciones o algún comunicado. Georgetown alegó que las últimas adoptadas por Caracas sobre el Esequibo “amenazan la paz y la seguridad internacionales”, que son competencia de esta instancia de Naciones Unidas.
Las delegaciones abandonaron la sala con rosas en la mano, ofrecidas por Ecuador, que presiden el Consejo en diciembre.
Ambos países se han acusado mutuamente de incurrir en “provocaciones” en medio de la tensión, que se elevó luego que Venezuela celebrara el 3 de diciembre un referendo consultivo en el que más del 95% de los votantes que participaron autorizados crear una provincia venezolana en el Esequibo, un territorio que representa 2/3 de Guyana, y dar nacionalidad venezolana a los 125.000 habitantes de la zona en disputa.
No obstante, la controversia ya viene agudizándose desde 2015, cuando el gigante estadounidense ExxonMobil descubrió vastas reservas petroleras en esa zona. Tras la consulta, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció planes para otorgar licencias para también extraer crudo en aguas en disputa.
“Guyana y la ExxonMobil se tendrán que sentar con nosotros cara a cara más temprano que tarde”, lanzó el mandatario este viernes durante un acto frente al palacio presidencial de Miraflores, donde mostró un mapa de Venezuela que incluía al Esequibo como territorio oficial y no como zona en recuperación, como normalmente era representada.
Región en vilo
Venezuela sostiene que el Esequibo forma parte de su territorio, como en 1777, cuando era colonia de España. Apela al acuerdo de Ginebra, firmado en 1966, antes de la independencia de Guyana del Reino Unido, que sentaba bases para una solución negociada y anulaba un laudo de 1899.
Guyana defiende ese laudo y pide que sea ratificado por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), cuya jurisdicción es desconocida por Caracas.
“Guyana internacionalizó el conflicto en el momento en que comenzó a incorporar y acercar capital extranjero a través de la presencia de empresas transnacionales petroleras”, comentó a la AFP Josmar Fernández, especialista en resolución de conflictos y delimitación de áreas marinas.
Estados Unidos anunció ejercicios militares el miércoles en Guyana, una “infeliz provocación”, según el ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino.
Venezuela ya había acusado al presidente guyanés, Irfaan Ali, a quien tacha de “esclavo” de Exxon, de dar “luz verde” para que Estados Unidos establezca bases en su territorio.
Rusia, un aliado clave de Maduro, exhortó por su parte a un “espíritu de buena vecindad” para resolver el conflicto de forma pacífica, en la misma línea de la cumbre del Mercosur reunida en Río de Janeiro.
“Lo que no queremos es una guerra en América del Sur, no necesitamos un conflicto”, dijo el presidente brasileño, Lula da Silva, que no obstante reforzó esta semana su presencia militar en sus fronteras con Guyana y Venezuela.
Propuso igualmente la mediación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en la disputa.
En un primer acercamiento entre ambos gobiernos, los ministros de Exteriores de Venezuela, Yván Gil, y Guyana, Hugh Todd, acordaron el miércoles mantener “canales de comunicación” abiertos.
“Globo de ensayo”
Analistas señalan que el referendo y el aumento de la retórica nacionalista es un intento de distraer la atención sobre el llamado a elecciones libres en Venezuela el año próximo.
“Fue como una especie de globo de ensayo de cara a las elecciones presidenciales” para medir la “capacidad de movilización y tratar de afinar su estrategia para 2024”, dijo Mariano de Alba, asesor del International Crisis Group.
El chavismo de hecho ha señalado de traición a la patria a varios dirigentes opositores por manifestarse en contra del referendo. La fiscalía anunció el arresto de un estadounidense y un opositor por supuestamente “conspirar” con ExxonMobil en la disputa.
Otras 14 órdenes de captura fueron emitidas contra otros dirigentes, la mayoría fuera del país.
