El gobierno de Guyana dio luz verde para la perforación de sus aguas a ocho empresas petroleras de capital extranjero que habían hecho licitaciones, informó este jueves el vicepresidente guyanés, Bharrat Jagdeo.
Algunos de los pozos autorizados para la perforación se encuentran en aguas que son reclamadas por Venezuela en una pugna centenaria que se ha tensado durante el último mes por las licitaciones petroleras en el área.
“Tenemos que reunirnos con las partes a las que se les han adjudicado los bloques para tener una negociación sobre la contratación, es decir, avanzar hacia la finalización de la adjudicación”, dijo en una conferencia de prensa.
TotalEnergies, con sede en Francia, y en asociación con Qatar Energy y Malaysia’s Petronas, fue una de las empresas que ganó la licitación para buscar petróleo en un bloque de aguas poco profundas.
También fueron adjudicados bloques de aguas poco profundas a International Group Investment Inc, con sede en Nigeria; a las compañías de capital estadounidense Liberty Petroleum Corporation, Hess y ExxonMobil; una Corporación Nacional de Petróleo Marino de China (CNOOC); ya la empresa guyanesa SISPRO Inc.
La petrolera guyanesa también está autorizada para perforar en bloques de aguas profundas, así como a Delcorp, una compañía registrada en Guyana y formada por dos empresas de Arabia Saudita, Watad Energies and Communications Ltd y Arabian Drilling Company.
El vicepresidente dijo que cada empresa tendrá que pagar una compensación por firma de 10 millones de dólares en caso de explorar bloques de aguas poco profundas y de 20 millones de dólares en caso de hacerlo en aguas profundas.
“Todos han confirmado que tienen los recursos para pagar el bono por firmar”, aseguró.
Venezuela y Guyana se disputan la región del Esequibo desde hace más de un siglo. Georgetown defiende un límite establecido en 1899 por una corte de arbitraje en París, mientras que Caracas reivindica el Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966 con el Reino Unido antes de la independencia guyanesa, que establecía bases para una solución negociada y desconocía el laudo anterior.
El caso está actualmente en manos de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, una instancia que Venezuela rechaza.
