El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil avanzó este miércoles en un juicio clave sobre los pueblos indígenas y sus territorios ancestrales, considerado una importante barrera contra la deforestación.
El juicio, que ha sido retomado y aplazado otras veces en los últimos años, decidirá si se valida o rechaza la tesis del “marco temporal”. Este solo reconoce como territorios indígenas aquellos ocupados por ellos cuando se promulgó la Constitución, en 1988.
Este miércoles, el juez André Mendonca sumó un posicionamiento a favor del marco temporal, que dejó el resultado parcial en dos apoyos, frente a dos votos en contra.
Descartar esa tesis para la demarcación de tierras “es una solución cuyo nivel de inseguridad excluye cualquier posibilidad de justicia”, dijo.
Las deliberaciones continuarán el jueves para la votación de los restantes siete jueces del STF.
“El marco temporal ignora nuestro derecho originario a los territorios ancestrales, reconocido en la Constitución, coloca en riesgo los territorios ya demarcados y hace inviables nuevas demarcaciones”, dijo a la AFP el abogado indígena Dinamam Tuxá, coordinador de la Asociación de Pueblos Indígenas de Brasil (Apib), previamente al juicio.
Unos 800 indígenas, incluido Tuxá, marcharon este miércoles en Brasilia hasta el STF, donde instalaron una pantalla gigante para seguir el que califican como “el juicio del siglo” por el potencial impacto en sus comunidades.
El cacique Raoni Metuktire, activista de los derechos indígenas reconocido internacionalmente, también estaba en Brasilia e ingresó en el tribunal para acompañar la sesión.
Asociaciones indígenas y activistas rechazan el marco temporal argumentando que muchos pueblos originarios fueron expulsados a lo largo de la historia de sus territorios ancestrales, especialmente durante la dictadura militar (1964-1985).
El Alto Comisariado de Naciones Unidas en Derechos Humanos (ACNUDH) advirtió que la eventual legitimación de esa tesis “sería un grave retroceso para los derechos de los Pueblos Indígenas en Brasil, y contraria a las normas internacionales de derechos humanos”, en una nota divulgada este miércoles por la oficina para los Derechos Humanos en América del Sur.
La corte decidirá en concreto sobre una causa sobre el territorio Ibirama-Laklano, en Santa Catarina (sur), pero el veredicto tendrá repercusión general y podría afectar a muchas otras tierras en disputa.
Uno de los jueces que votó contra el límite temporal de 1988 propuso que el estado indemnice a aquellos productores rurales que hayan ocupado y adquirido tierras “regularmente y de buena fe”.
A los indígenas les preocupa que esto sea apoyado por otros jueces, ya que lo ven como un “premio a los invasores”, según la APIB.
También protestaron contra el avance en el Congreso Nacional de un proyecto de ley que instituye el marco temporal como criterio para la demarcación y, según sus detractores, abriría la puerta a la explotación económica de sus tierras.
La población indígena de Brasil es de casi 1,7 millones de personas, equivalente al 0,83% de los 203 millones de habitantes de Brasil, según el censo.
