Los familiares del candidato presidencial baleado en Ecuador presentaron una demanda contra el gobierno y jefes policiales por “asesinato por omisión dolosa”, bajo el argumento de que las instituciones no garantizaron la protección del experiodista, publicada este viernes su representante legal.
Según el abogado Marco Yaulema, el candidato presidencial Fernando Villavicencio había sido amenazado múltiples veces por criminales incómodos con sus denuncias periodísticas, por lo que debía tener un esquema de seguridad más férreo el 9 de agosto, día en que un sicario colombiano le disparó.
Yaulema responsabilizó por la falta de protección adecuada al presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, al ministro del Interior, Juan Zapata; al comandante de la Policía, el general Fausto Salinas; y al jefe de inteligencia, Manuel Samaniego.
Villavicencio “estaba amenazado por las mafias y todos lo sabían, todo el Estado lo sabía”, reclamó el abogado en una rueda de prensa.
Según su versión, fallas en el operativo de seguridad facilitaron el homicidio.
Un video registró el momento en que el candidato se sube por la parte derecha de una camioneta sin blindaje. Desde el otro costado, un pistolero -colombiano, según las autoridades-, le dispara dos veces en la cara y otra en la sien, detalló Yaulema. El sicario intentó huir antes de caer abatido por guardaespaldas del político.
La familia denunció que Villavicencio no tenía suficientes custodios y que el conductor del vehículo no estaba frente al volante.
“No existió absolutamente nada (de seguridad), estamos diciendo que el Estado ecuatoriano no garantizó la vida de un candidato a la presidencia de la República”, insistió Yaulema, acompañado de una hermana de Villavicencio, un tío y su hija mayor.
En un comunicado, el Ministerio de Gobierno expresó su “total rechazo a las denuncias presentadas” y solicitó que no se “politice el caso y se permita avanzar con las investigaciones”.
Sabuesos
Christian Zurita, periodista y mejor amigo de Villavicencio, lo reemplazará en la fórmula presidencial para la primera vuelta de este domingo.
Juntos destaparon varios de los escándalos de corrupción más sonados en el país y revelaron los supuestos vínculos de la fuerza pública con narcos y pandilleros.
En su pesquisa más importante, denunciaron que el exmandatario socialista Rafael Correa (2007-2017) había pactado apoyos económicos con empresarios para su campaña presidencial a cambio de entregarles contratos estatales.
Correa, que niega las acusaciones, fue condenado en ausencia a ocho años de cárcel y está en el exilio en Bélgica.
También pusieron contra las cuerdas al sucesor de Correa, Lenín Moreno (2017-2021), por una presunta red de corrupción en una hidroeléctrica en un caso aún en curso.
El abogado recalcó que Villavicencio hizo más de 200 investigaciones y publicó 11 libros, por lo que su vida corría peligro.
El gobierno y los mandos policiales son responsables por “omisión dolosa”, dijo.
“No puede ser posible que un periodista, que una persona que denunció los más grandes casos de corrupción en el país (…) no haya tenido resguardo”, agregó.
Zurita sostuvo el jueves que sospecha que el crimen organizado trasnacional está detrás del magnicidio.
Antes de su muerte, Villavicencio denunció que había sido amenazado por José Adolfo “Fito” Macías, jefe del temido grupo criminal “Los Choneros”.
Esa banda tiene nexos con el cartel narcotraficante mexicano de Sinaloa y disidentes de la guerrilla colombiana de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no abandonaron las armas tras el acuerdo de paz de 2016.
