Washington, Estados Unidos. Veintiséis senadores estadounidenses pidieron este martes al gobierno del presidente Joe Biden que reasigne para venezolanos y nicaragüenses el amparo migratorio conocido como Estatus de Protección Temporal (TPS), en una carta consultada por la AFP.
El TPS impide deportar y da acceso a un permiso de trabajo a ciudadanos extranjeros que no pueden regresar de manera segura a su país debido a desastres naturales, conflictos armados u otras condiciones extraordinarias.
El gobierno designó por primera vez a Venezuela para el TPS en 2021 y lo prolongó hasta marzo de 2024. Nicaragua se beneficia de él desde 1999 y en junio pasado se extendió por 18 meses.
Los senadores no piden una prolongación, sino una nueva designación, lo que permite a las personas que actualmente no tienen TPS presentar una solicitud de inscripción inicial.
“Ambos países cumplen claramente los requisitos para ser designados para el TPS en virtud de nuestras leyes de inmigración”, escribieron los senadores en la carta enviada al jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, y al secretario del Departamento de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas.
“Venezuela sigue asolada por la violencia, la inestabilidad y la represión, y los venezolanos sufren el colapso histórico del país” dirigido por el “represivo régimen de Nicolás Maduro”, se lee en el texto.
Los senadores acusan al gobierno venezolano de abusos de los derechos humanos, de haber encarcelado “a unos 245 presos políticos” y de inhabilitar a opositores políticos para que no puedan presentarse a las elecciones.
“La crisis humanitaria a la que se enfrenta el pueblo venezolano no ha hecho más que agravarse en los últimos dos años” con millones de personas que siguen sin poder acceder a la atención sanitaria básica y a una alimentación adecuada, alertan.
Los senadores, todos demócratas salvo el independiente Bernie Sanders, estiman que la situación también ha empeorado en Nicaragua, donde el presidente Daniel Ortega ha transformado el país “en un estado policial en el que el poder ejecutivo ha instituido un régimen de terror y de supresión de todas las libertades”.
En 2022, el gobierno nicaragüense cerró más de 2.000 oenegés e intensificó su represión contra la Iglesia católica. En febrero de 2023, privó a 316 personas de su nacionalidad y las expulsó del país.
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