Vigilancia constante, acceso limitado a las familias, aislamiento. El trato a los 30 últimos detenidos en Guantánamo es “cruel, inhumano y degradante”, denunció el lunes una experta de la ONU tras la primera visita al centro de detención estadounidense en Cuba.
Tras décadas de demandas infructuosas de expertos independientes de derechos humanos de la ONU, la relatora especial para los derechos humanos y la lucha antiterrorista, Fionnuala Ní Aoláin, pudo visitar la cárcel en febrero.
Su informe publicado el lunes describe, pese a “importantes mejoras” en el centro de detención, una “vigilancia casi constante, extracciones forzadas de las celdas, utilización excesiva de medios de contención”, “carencias estructurales en materia de salud, acceso inadecuado a las familias” y “detenciones arbitrarias caracterizadas por las violaciones del derecho a un juicio justo”.
“La totalidad de todas las prácticas y negligencias (…) tienen efectos agravantes acumulativos para la dignidad, la libertad y los derechos fundamentales de cada detenido, lo que equivale, para mí, a un trato cruel, inhumano y degradante de acuerdo al derecho internacional”, dijo en una conferencia de prensa.
“El cierre de este centro es una prioridad”, agregó.
Los expertos independientes de derechos humanos de la ONU han tratado de conseguir los permisos para acceder a esta cárcel militar, situada en el sureste de Cuba, desde que se abrió en 2002 para albergar a los detenidos de la “guerra contra el terrorismo” que libró Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.
La cárcel, que llegó a albergar a 800 “prisioneros de guerra”, estuvo en el foco de mira de la comunidad internacional por las supuestas violaciones de los derechos humanos, detenciones ilegales y tortura que se habrían llevado a cabo en ella.
En una carta que acompaña al informe, Estados Unidos manifestó su “desacuerdo” con “muchas afirmaciones” del documento, que “no refleja la posición oficial de Naciones Unidas”, en la que asegura que los detenidos reciben cuidados médicos y se pueden comunicar regularmente con sus familias.
La embajadora ante el Consejo de Derechos Humanos, Michèle Taylor, señala que la administración de Joe Biden “trabaja activamente para encontrar lugares adecuados para los detenidos que quedan”.
Para Fionnuala Ní Aoláin, todavía queda mucho por hacer para respetar los “derechos de reparación” a las víctimas del 11 de septiembre.
Su informe señala que la práctica de la tortura en “lugares ciegos” (cárceles clandestinas estadounidenses) como Guantánamo, “supone el principal obstáculo para el derecho de las víctimas a la justicia”. “La tortura ha sido una traición al derecho de las víctimas”, dice.
Además de pedir que el gobierno estadounidense “rinda cuentas por todas sus violaciones del derecho internacional”, la relatora subraya la “importancia de pedir perdón, una atención integral y garantías de que no se repetirá para todas las víctimas”. “Y estas garantías no serán menos apremiantes en los próximos años”, zanjó.
