Washington, Estados Unidos. Más de un centenar de organizaciones de derechos civiles piden al gobierno del presidente Joe Biden que rescinda el programa que permite que la policía local pueda ejercer tareas de control migratorio en Estados Unidos, en una carta divulgada este jueves.
La ley de inmigración cuenta con una sección conocida como el Programa 287 (g) que permite al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) alcanzar acuerdos con agencias del orden público locales y estatales, como los sheriffs.
Durante su mandato, el expresidente republicano Donald Trump, partidario de una política dura contra la migración, reforzó este programa, que Biden prometió cancelar aunque por el momento no lo ha hecho.
El programa recurre a cientos de oficiales en 138 agencias policiales estatales y locales de todo el país para ayudar al ICE a identificar, detener y deportar inmigrantes en Estados Unidos.
En una carta enviada este jueves al secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, las organizaciones le piden que “reexamine y rescinda los acuerdos” alcanzados en virtud de ese programa porque contravienen las normas de una guía revisada del Departamento de Justicia para las agencias federales, encargadas del cumplimiento de la ley.
Esta guía señala que “las prácticas sesgadas son injustas” y “generan desconfianza”. Por lo tanto “prohíbe el uso de suposiciones o estereotipos generalizados sobre individuos o grupos” como “base para la aplicación de la ley”.
Según las organizaciones, los acuerdos alcanzados a través del Programa 287 (g) en todo el país “se han convertido en herramientas dañinas” que “apuntan intencionalmente a los inmigrantes, así como en potentes símbolos políticos para los ideólogos de derecha que buscan provocar el sentimiento supremacista blanco y fomentar animosidad contra los migrante”.
En un informe de 2022, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), una de las asociaciones firmantes de la misiva, concluyó que las comunidades son víctimas de discriminación racial en muchos de los lugares donde se aplica el programa.
La guía de justicia racial es la “oportunidad perfecta” para que el gobierno aborde “los muchos daños” que este programa ha causado a las comunidades migrantes durante décadas, afirma Sirine Shebaya, directora ejecutiva del Proyecto Nacional de Inmigración, citada en un comunicado difundido por ACLU.
Se ha usado para “atacar y criminalizar a los inmigrantes de color y ha envalentonado a los agentes de la ley racistas”, añade.
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