Cuando se cierne la amenaza de una suspensión de pagos de Estados Unidos en unos 10 días, el presidente Joe Biden intenta el lunes llegar a un acuerdo con Kevin McCarthy, su principal oponente republicano en la discusión del tope de la deuda pública.
Al recibir en la Casa Blanca al líder de la Cámara de Representantes, Biden dijo ser “optimista” sobre cerrar la reunión con un “avance”.
“Podemos encontrar un terreno de acuerdo”, dijo, a su vez, McCarthy, en un breve mensaje a los periodistas presentes.
La Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dejó en claro lo que está en juego. Horas antes insistió que es “muy probable” que el gobierno federal se quede sin dinero después del 1 de junio.
Biden y McCarthy ya se han reunido dos veces en quince días con otros congresistas pero esta vez se encuentran cara a cara.
La reunión debería dejar atrás los agrios debates de este fin de semana entre funcionarios de ambas partes, en ausencia de Biden quien se encontraba en Japón en la Cumbre del G7.
En medio de esas discusiones, Biden y McCarthy hablaron el domingo, cuando el presidente volaba de regreso de la Cumbre del G7 en Japón.
McCarthy calificó la conversación de “productiva”, según medios estadounidenses.
Para eliminar el riesgo de un default, el Congreso debe aprobar elevar el tope de la deuda pública. El Senado está controlado por los demócratas y los republicanos controlan la Cámara de Representantes.
Los republicanos exigen una fuerte reducción del gasto público como condición para aumentar el endeudamiento pero Biden, que hace campaña para su reelección en 2024 con promesas de justicia social, se opone.
Antes de la reunión McCarthy dijo ser bastante optimista. Aseguró en la CNN que “lo que se negocie será visto por una mayoría de republicanos como la solución correcta para ponernos en el buen camino”.
Biden declaró el lunes que también está a favor de reducir el déficit y que considera necesario “examinar los espacios fiscales y asegurarse de que los ricos pagan su parte justa” de impuestos.
El llamado “techo de la deuda” de más de 31 billones de dólares -un récord mundial- se alcanzó hace varios meses, pero el gobierno federal ha gestionado hasta ahora la situación mediante maniobras contables.
De no honrar sus obligaciones, Estados Unidos ya no podría pagar a los tenedores de bonos del Tesoro, refugio de las finanzas mundiales. El gobierno tampoco podría pagar subsidios ni las pensiones de los veteranos, por ejemplo.
Las consecuencias para la economía mundial serían catastróficas, advierten economistas.
“Estados Unidos nunca ha dejado de pagar sus deudas. Y ese no será jamás el caso”, afirmó Biden.
Una decisión tomada a última hora podría tener igualmente consecuencias. En 2011, existía sólo la amenaza de caer en default y esto hizo, por primera vez, que Estados Unidos perdiera su preciosa evaluación crediticia triple A; la mejor de las agencias evaluadoras.
Sombra de Trump
En tanto, la sombra de Donald Trump se posa sobre las negociaciones. El expresidente republicano, quien mantiene fuerte influencia, instó a su partido el 10 de mayo a negarse a elevar el límite de la deuda, lo que desataría el impago, si los demócratas no acuerdan recortar gastos.
El domingo, la portavoz de la Casa Blanca, Marine Jan-Pierre, deploró las “reivindicaciones partidistas extremas” propuestas por los conservadores.
McCarthy, por su parte, acusó al “ala izquierdista del partido demócrata” de estar “a sus órdenes”.
Si los desacuerdos persisten, a Biden le queda un recurso: invocar la 14a Enmienda de la Constitución estadounidense, que estipula que “la validez de la deuda pública de Estados Unidos, autorizada por ley, (…) no debe ser cuestionada”.
En otras palabras, los gastos ya votados deben poder ser pagados.
Pese a estar considerando esta posibilidad, Biden se mostró escéptico, mientras que Yellen también aludió a la “incertidumbre jurídica” y a un “plazo apretado”.
Al igual que casi todas las grandes economías, Estados Unidos vive del crédito. Sin embargo, en Estados Unidos es prerrogativa del Congreso votar el aumento del techo de la deuda pública que la primera economía del mundo está autorizada a acumular.
Y lo que inicialmente era una formalidad se ha convertido ahora en una batalla política.
